La higiene ambiental es un bien público inembargable
Si algo no puede hacer una administración municipal es borrarse de la tarea indelegable de velar por la higiene y seguridad ambiental, una función explícitamente asignada en la ley 3.966 orgánica municipal en su artículo 12 que establece que la regulación y prestación de servicios de aseo, recolección y tratamiento de residuos son competencias exclusivas de cada municipio.
Sin embargo, asistimos a una especie de lenta retirada de la comuna asuncena de esta función gravitante. Empezó negándose a recoger la basura de las entidades estatales morosas, causando una imaginable acumulación de contaminantes en las inmediaciones de cada oficina pública así sancionada. Ahora, esa situación se extiende al sector privado que también tiene deudas pendientes con el servicio de aseo urbano. Según parece, se trata de unos Gs. 170.000 millones, deuda para nada menor si la ponemos frente al presupuesto que anualmente maneja la Municipalidad capitalina.
Pero debemos dejar en claro que una cosa es el reclamo de las obligaciones contraídas por vecinos morosos estatales o privados y muy otra renunciar a la custodia de la salubridad urbana y la higiene ambiental.
En este punto debemos preguntarnos en qué capítulo, titulo o artículo de la ley orgánica municipal, en lo relativo al régimen de faltas, se autoriza a castigar la mora suspendiendo la prestación de un servicio tarifado, por ejemplo, la recolección de la basura. En materia de higiene ambiental debe existir algun tipo de procedimiento abreviado que contemple, al mismo tiempo, la custodia e intangibilidad del patrimonio municipial sin por ello abandonar la tarea asignada por ley de retirar de escena todo tipo de residuos, desde los más inofensivos hasta los más complejos y peligrosos, como la basura hospitalaria por ejemplo.
La Municipalidad de Asunción está utilizando la recolección de la basura como arma disuasiva y eso es inadmisible. La higiene ambiental no debe convertirse en rehén de un mecanismo extorsivo con vistas al cobro de cuentas atrasadas. En todo caso, lo que debe hacer el municipio es insistir en los mecanismos de cobro compulsivo de deudas a que lo autoriza la legislación vigente. Es un itinerario más lento pero que deja en salvaguardia un bien inembargable: la salud de todos los habitantes de la ciudad.
Ya vienen atrasados con un servicio deficiente. No empeoren la situación.
