Una de las cuestiones sobre la que se ha venido hablando durante mucho tiempo es la transparencia de la función pública. Los legisladores han dicho ahora que no es tan importante ni tiene que tener solución alguna que alguien se equivoque en su declaración jurada de bienes, y esto lleva a la sospecha -en un país como el nuestro- de que alguien, hasta que no le descubran, puede estar teniendo y moviendo una fortuna desde su cargo en la función legislativa sin que tengan ningún costo para él ni tampoco para otros funcionarios. Es una especie de “ir en contra” de lo que ha sido la tendencia a nivel global, que cada vez sea más escrutable la vida de una persona que decide entrar a la tarea de la función pública en cualquiera de sus maneras.
Cuando uno encuentra una circunstancia de este tipo, lo que lleva a presumir es que hay un sector importante de la sociedad paraguaya en el ámbito político que no quiere que se revisen sus cuentas. Tampoco es demasiado grave, porque en este país las inconsistencias en las declaraciones juradas no ha llevado a nadie todavía a terminar en prisión. En otros países es suficientemente grave el haber entrado a la función pública con una cantidad determinada de recursos y salir multimillonario. Es evidente que durante ese proceso tuvo que haber participado de hechos graves de corrupción para que esa situación aconteciera.
Entre nosotros, según la decisión del Congreso Paraguayo en Diputados y Senadores, ya no tendrá ninguna solución mentir, no incluir aquello que debiera ser parte de la Declaración Jurada de un servidor público, y lo único que estimula todo esto es más corrupción, que es justamente la metástasis que ha hecho el cáncer del cuerpo social paraguayo.
