No hay un solo día en que alguien sospechoso y procesado por corrupción o por narcotráfico no sea noticia por alguna chicana jurídica interpuesta para que el caso continúe y tenga que fenecer por peso propio.
El Código Penal establece que en tres años un proceso debería estar concluido, sino la persona queda libre. De esto se tomaron los abogados y crearon todo un mecanismo para permitir que los procesos de chicanería sean la reina de los procesos judiciales. No hay Corte Suprema de Justicia que haya podido limitar los tiempos de las chicanas, ni tampoco deseo de que eso acontezca. Aquí hay muchas personas que ya recuperaron su libertad a pesar de serios e incuestionables indicios de estar envueltos en delitos graves.
Lo vemos también en los casos de estos sonados procesos de captura de narcotraficantes que terminan en la nada, y que muchos de ellos, incluso, se candidatan para cargos públicos durante el tiempo en que están aún procesados, como aconteció con el Diputado Ulises Quintana, quien pretendió ser intendente de Ciudad del Este.
Hay que encontrar una salida judicial a esto. Cuantas chicanas y en cuánto tiempo deben dilucidar las mismas, debe ser parte de la tarea legislativa y de los propios jueces para evitar que el descrédito hacia la justicia siga siendo superior a la confianza que se debería tener en ella.
