Lo cierto es que 350.000 empleados públicos es una cantidad muy superior a lo que un Estado como el nuestro debería tener. Cuando vemos que los costos de vida suben, los primeros que tienen capacidad de fuego, de presión, de extorsión y chantaje, y más todavía en un año electoral, son los empleados públicos que amenazan que si no se les incrementa, pues entonces no estarán votando por el candidato oficialista.
La Ministra del Trabajo habla de desprecarización, los que menos han vivido en situación precaria durante todo este tiempo, y aún más en los tiempos de pandemia, han sido los funcionarios. Ellos cobraron incluso sin trabajar durante un par de años, pero ahora dicen que no les alcanza el dinero y solicitan más incrementos.
A algunos ya se les dio, como el caso de los funcionarios del Congreso, también los del Poder Judicial. Ahora todos, ya que la canilla se abrió, solicitan una cantidad que dice el Ministerio de Hacienda no podrá hacer frente.
Lo que tendríamos que buscar de fondo es resolver cuántos funcionarios requerimos, para qué propósito y con qué nivel de exigencia deben acceder y mantenerse en sus cargos. La sindicalización de los empleados públicos ha hecho todavía las peores cosas.
