España ha retenido en Barcelona el yate “Valerie”, valorado en más de 143 millones de dólares y vinculado a Serguéi Chemezov, máximo directivo de Rostec, la mayor empresa pública rusa de armamento. Esta medida es consecuencia de la información pedida por el Gobierno español a los puertos sobre las embarcaciones de bandera o propiedad rusa con el fin de efectuar posibles sanciones. De esta manera, el Gobierno español busca cumplir con las sanciones europeas contra los oligarcas rusos, ya emprendidas por Francia e Italia en sus ámbitos de influencia.
Este hecho plantea una pregunta legítima: ¿Ser ruso y rico significa ser un delincuente? En otras palabras, ¿es correcto arrebatar, despojar o expropiar a una persona de sus bienes fuera de un proceso judicial y sin el mandato de un juez? De la misma manera que hemos denunciado aquí con anterioridad comportamientos similares por parte de Canadá con los ciudadanos disidentes que se manifestaban libre y pacíficamente en contra de las medidas adoptadas por el Gobierno durante la pandemia, también queremos declarar aquí que los intereses políticos legítimos no están por encima de la justicia, y que los derechos ciudadanos reconocidos por la ley deben ser respetados en fondo y forma, sin violar el debido proceso.
A los líderes europeos y mundiales queremos recordar que el pueblo ruso no es el enemigo, y que los valores -democráticos, en este caso- se demuestran en los momentos difíciles. Actitudes como la de España con el yate “Valerie” revelan la esquizofrenia de algunas democracias europeas, que llevan tiempo a la deriva en la destructiva politización de la justicia y de la violación del principio de la separación de poderes. Las democracias europeas dicen fundarse en el Estado Constitucional del Estado de Derecho y es bueno que lo demuestren con hechos, más aún cuando se presentan al mundo como autoridad moral para juzgar a otros sistemas políticos.
