Según datos del Ministerio de la Niñez y Adolescencia en Paraguay se registran 7 denuncias diarias por abuso de niñas y niños, ya sea a través del “Fono Ayuda 147 o por denuncias al 911”. Para UNICEF el 80% de los casos de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes se da en el entorno familiar.
Este inicio de semana se vio marcado por una denuncia de una encargada de un motel en la Ciudad de Luque que denuncio a un hombre de 66 años que iba a ingresar a uno de los cuartos con una menor de 11 años de edad, según la información que trascendió, el hombre sería el patrón del padre de la niña. Gracias a la denuncia la menor fue rescatada por el encargado del local.
Ya a fines del año pasado el Diputado Nacional Hugo Ramírez había presentado un proyecto de ley que busca ampliar las penas carcelarias a secuestradores y abusadores de menores.
La presente Ley tiene por objeto elevar la expectativa del tipo penal base a la pena máxima de 30 años para los hechos punibles de secuestro de personas y abuso sexual de niños. Crear un registro de agresores sexuales, con fines identificatorios y estadísticos y crear un registro de secuestradores extorsivos, con fines identificatorios y estadísticos.
Está demostrado, por informes publicados por el Ministerio Público, que, si bien el abuso sexual de niños se encuentra reglamentado en el Código Penal, este ha ido en aumento a lo largo de los años, lo cual nos lleva a pensar que el poder coercitivo de la ley resulta insuficiente en lo que hace a la relación crimen y castigo.
Si bien dentro del proyecto actual de la ley que aun no se discutió en sesión ordinaria no figura la Castración Química u otro procedimiento que se sume a la condena por abuso a menores, ya se esta planteando desde el propio equipo jurídico del Diputado Ramírez la posibilidad de agregar este articulo presentar un proyecto exclusivamente con esta pena.
Si bien no existen estudios serios que avalen el éxito del procedimiento, esta y otras alternativas se plantean en la opinión publica cada vez que surge algún hecho emblemático que vuelve a poner el foco sobre esta problemática social.
La castración química surge como una posibilidad para el manejo de la pedofilia y la pederastia. Consiste en un tratamiento médico hormonal reversible aplicado —en muchos casos— para disminuir los niveles de testosterona, la libido y, por ende, la actividad sexual, y como resultado final, reducir las agresiones sexuales de alta incidencia en Colombia y en el mundo. Esta intervención médica ha sido utilizada en distintos países desde la década de los sesenta y, actualmente, el Congreso de la República de Colombia pretende promulgar una ley para contener la violencia sexual en niños y adolescentes, como lo publica la Revista Colombiana De Bioética.
La aplicación de la castración química, siendo un procedimiento con efectividad cuestionable y con efectos secundarios importantes, genera dilemas éticos, clínicos y sociales, acerca de la autonomía y la dignidad del pedófilo y del pederasta.
