Especialistas BID
En América Latina y el Caribe resolver un delito no es tarea fácil. Mientras en Europa se condena a 81 delincuentes por cada 100 víctimas, en nuestra región esa tasa se queda en apenas 24. Sin embargo, la cadena de impunidad no acaba ahí. La saturación en los tribunales ha convertido a la Justicia en una institución lenta, descoordinada y cara. Y eso tiene implicaciones más allá de los juzgados. En nuestra región, el promedio de personas en prisión preventiva es del 47% -en algunos países, de hecho, esta cifra rebasa el 70%. Mientras tanto, en Europa el porcentaje de población penitenciaria a la espera de juicio es del 20%.
¿Cómo se sale del círculo de la impunidad? Con un sólido sistema de justicia criminal. Más justicia para víctimas y acusados: Reparación del daño y presunción de inocencia
En América Latina, hace 30 años, se inició un proceso de reformas a los sistemas de justicia criminal. ¿Cuáles han sido los elementos principales? En primer lugar, se ha fomentado la coordinación entre la policía, las fiscalías, los juzgados y el sistema penitenciario. Además, los juicios son públicos y en ellos participan todos los actores implicados en un caso (víctima, acusado, testigos, policía, etc.). El juicio, de hecho, ha pasado a ser un elemento más dentro de la justicia. Ahora el sistema está preparado para contemplar otras salidas alternativas donde lo más importante es decidir si existió daño. Y, de ser así, cómo hay que repararlo.
¿Cuáles han sido algunos de los cambios más visibles de esta transición?
Expansión y solidez de una nueva política criminal. La mayoría de los países ya cuentan con una hoja de ruta para su justicia criminal. Esto incluye el establecimiento de objetivos claramente definidos, así como un plan de ejecución que defina el orden de las prioridades en la persecución e investigación del delito.
Maduración de Unidades de Análisis Criminal. Las nuevas Unidades de Análisis Criminal han puesto especial énfasis en sofisticar cada vez más su entendimiento de los fenómenos criminales de cada país. Por ejemplo, en Argentina, Colombia, Guatemala, Uruguay y Chile, las fiscalías seleccionan variables estratégicas y las cruzan con múltiples datos a fin de generar nuevas líneas de investigación en el caso de los llamados “crímenes complejos”.
