El País de Madrid titulaba que tres presidentes latinoamericanos estaban involucrados en opacas operaciones financieras en paraísos fiscales, mientras que otros once exmandatarios estaban en una situación similar. Inmediatamente, sintiendo una sensación de deja vu, abrí el artículo y revisé la fecha.
Aún no hacía una hora que el medio español había realizado la publicación cuando la compartí, por WhatsApp con un amigo periodista, que me confirmó con un dejo de hastío la recepción del material. A los pocos minutos me preguntaba: ¿esta información de cuándo es?
Los escándalos que involucran a políticos, empresarios, figuras del espectáculo y deportistas han dejado de ser una noticia, al punto que cuando nos presentan una investigación de las dimensiones de los Pandora Papers puede llegar a surgirnos la duda de si ya poseíamos esta información y la habíamos olvidado, producto de la saturación y el bombardeo informativo al que estamos sometidos los ciudadanos del 2021.
Esta situación abre un nuevo escenario que trae consigo amenazas aparejadas: no nos asombra que catorce líderes latinoamericanos (solo sumando actuales y pasados jefes de Estado) estén involucrados en dudosas operaciones financieras, lo cual genera un aumento de desconfianza hacia el sistema político en general y ratifica la caída del valor que le dan los habitantes de esta región al sistema democrático.
Respuestas presidenciales
Uno de los principales acusados en la investigación periodística de los Pandora Papers es el presidente chileno Sebastián Piñera, acusado de utilizar una cuenta offshore para la venta de la minera Dominga.
El jefe de Estado chileno guardó silencio, pero la Presidencia emitió un comunicado en el que afirma que ni Piñera ni su familia “poseen sociedades de inversión constituidas en el exterior”, y agrega que el presidente “nunca ha participado ni ha tenido información alguna respecto del proceso de venta de Minera Dominga, operación que se produjo en el año 2010, cuando el mandatario ya no tenía ninguna participación en la administración de esas empresas».
Más allá de lo que pueda creer cada cual, fundamentalmente el pueblo chileno, la acusación contra el empresario multimillonario fue respondida por la investidura, por la institucionalidad que representa la Presidencia, generándose un matiz más que interesante sobre lo atinado o no del comunicado oficial.
En los Pandora Papers también surge el nombre de Luis Abinader, presidente de República Dominicana, quien al ser investido como jefe de Estado había declarado, a través de un fideicomiso, el control de nueve sociedades offshore.
La respuesta a la acusación contra el mandatario dominicano llegó desde el vocero de la Presidencia, Homero Figueroa, que expresó en Twitter que la información del Washington Post y El País “reconocen la transparencia” de Abinader “al recordar que su Declaración Jurada de Patrimonio incluye todas las compañías offshore manejadas bajo un fideicomiso familiar”.
Por último, el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso es otro de los presidentes activos sobre los que hace mención la investigación. Según afirman los Pandora Papers llegó a tener catorce empresas offshore en paraísos fiscales.
Lasso fue el único de los presidentes en funciones que respondió personalmente a los periodistas que realizaron la investigación: “siempre he cumplido con la ley ecuatoriana que prohíbe a candidatos y funcionarios públicos mantener compañías offshore, tal como lo he señalado en mis declaraciones juramentadas”.
Hay once expresidentes acusados, entre los que se destacan Pedro Pablo Kuczynski (Perú), Horacio Cartes (Paraguay), César Gaviria (Colombia), Andrés Pastrana (Colombia), Porfirio Lobo (Honduras), Juan Carlos Varela (Panamá), Ricardo Martinelli (Panamá), Ernesto Pérez Balladares (Pañamá) y Alfredo Cristiani (El Salvador). En total casi una centena de reconocidos políticos latinoamericanos están involucrados, entre ellos el ministro de Economía brasileño Paulo Guedes y el presidente del Banco Central del mismo país, Roberto Campos Neto.
Se trata de políticos que tienen la obligación moral de dar respuestas a los ciudadanos que le expresaron su confianza a través del voto para decidir los destinos del país o formar parte de la administración pública –quizás deberían responder también a la Justicia–, pero más allá de excusas el daño ya está realizado. Difícilmente la gran mayoría de los acusados pueda esgrimir un argumento valedero que amerite llevar el dinero que debe pagar impuestos en su país a un paraíso fiscal.
La confianza ciudadana, la ética política y la credibilidad en el sistema democrático han sido han sido dañados.
