Foto tomada de EFE
La sentencia de 10 años para todo invasor de una propiedad ilegal es básicamente uno de nuestros grandes temas de conversación de las últimas horas.
Comunidades indígenas que carecen de títulos de propiedad y están sujetas a la presencia de grupos económicos que terminan desplazándolos se vinieron a Asunción junto con campesinos y se enfrentaron a la policía.
Los hechos son conocidos, flechazos, pedradas y fuego no solo en la capital sino también en otros lugares del Interior con cortes de ruta.
Lo que nos debe llevar a pensar una situación como esta es si se resuelve el problema de la tierra con esto o, es simplemente una normativa más que va a ser dejada de lado por la realidad de los hechos, y en ese sentido habría que hacerse una pregunta de profunda característica filosófica: Las tierras malhabidas que suman millones de ellas en propiedad de varios paraguayos, cuando se las invadan ¿Qué condición tendrán?¿Será un acto de justicia, será una reivindicación legítima? ¿Obligará a que el Sistema de Registros Públicos de Catastro realmente se normalice?
Es una vergüenza que el Indert, el organismo regulador de la reforma agraria en el Paraguay reconozca que de los títulos entregados a los labriegos, solo el 30% de ellos tiene título; el resto no los tiene y están sujetos a que puedan ser invadidos.
En este desaguisado este desastre que es el tema de la tierra en el país, una cuestión como esta es simplemente, echarle más gasolina al fuego; no resuelve el problema de fondo, al contrario, lo agrava.
