La justicia es uno de los grandes talones de Aquiles de nuestra democracia y eso lo sabemos desde hace mucho tiempo. Lo que no vemos es una voluntad de cambiar esta lógica y decir que con esto el Paraguay no solo pone en riesgo su concepto de soberanía, sino también nos margina de las posibilidades de inserción en los mecanismos internacionales de lucha contra los delitos transnacionales.
Estados Unidos ha vuelto a enviar una señal clara en ese sentido, diciendo que hay tres ciudadanos paraguayos, dos de origen árabe, que se dedican a actividades de lavado de dinero en las narices de las autoridades del Paraguay.
Lo que no vemos es que muchos de estos casos, que ya estaban envueltos en situaciones similares en otros tiempos por la propia justicia paraguaya, no tuvieron ninguna continuidad, ningún seguimiento y menos alguna sanción.
Siempre tienen que venir a moderarnos desde afuera porque no tenemos la capacidad de hacerlo desde adentro. La justicia paraguaya es una sirvienta del poder político que transa con los grupos delictuales para continuar con la misma forma de manifestarse en términos punibles.
No existe la voluntad del deseo de encontrar una salida a esto y lo que tenemos es una justicia débil, timorata, corrupta, muy vendida, que no tiene la capacidad ni el deseo, y menos la voluntad de enfrentar los crímenes a nivel nacional y a nivel internacional.
Por lo tanto, el Paraguay pierde su soberanía y tienen que venir desde afuera a decirnos «detengan a fulano o a sultano» y como no tienen garantías tampoco de que los van a juzgar en su territorio de manera ajustada a las normas de justicia, entonces piden la extradición o expulsión del territorio, como ocurre con muchos delincuentes brasileños, fundamentalmente. El Paraguay debe recuperar su soberanía y para eso debe recuperar su justicia.
