EFE
Italia pidió la extradición de tres exmilitares chilenos, condenados a cadena perpetua en Roma por la desaparición de italianos durante el Plan Cóndor, la represión en América Latina en las décadas de 1970 y 1980.
Según confirmaron a Efe hoy fuentes del Ministerio de Justicia, la ministra Marta Cartabia, firmó la orden de arresto provisional y de extradición para el antiguo coronel Rafael Ahumada Valderrama, el exsuboficial Orlando Moreno Vásquez y el exbrigadier Manuel Vásquez Chauan, que habían sido sentenciados a cadena perpetua por el Tribunal de Apelación de Roma en julio de 2019.
Esa condena fue confirmada después de que sus abogados no presentaran recurso ante el Tribunal Supremo italiano, que el pasado 9 de julio también reafirmó las cadenas perpetuas a 14 militares y represores de Chile y Uruguay por los mismos delitos: el homicidio y la desaparición de los cuerpos de los ciudadanos italianos Omar Venturelli y Juan José Montiglio.
La orden de arresto y extradición fue enviada a la embajada italiana en Santiago, confirmaron las fuentes.
Las de Ahumada, Moreno y Vásquez fueron las primeras condenas definitivas emitidas por la Justicia italiana por el caso de ciudadanos italianos desaparecidos en la Operación Cóndor tras más de 20 años de proceso.
Los tres fueron condenados en firme cuando al enviar las actas del juicio ante el Supremo, las partes se percataron de que, por alguna razón desconocida, la abogada de los tres, Valentina Perrone, no presentó el recurso, lo que convertía en firme la sentencia emitida por Apelación, según revelaron entonces a Efe fuentes próximas al juicio.
La Alta Corte confirmó días después, el 9 de julio, las cadenas perpetuas a otros 14 militares y represores de Chile y Uruguay, al revalidar, siguiendo la petición de la Fiscalía, la sentencia de julio de 2019 del Tribunal de Apelación de Roma, en segundo grado.
Entre los sentenciados figura el militar uruguayo Jorge Néstor Troccoli, de 74 años, el único que vivía en Italia y que un día después entró en la prisión de Salerno (sur) para cumplir la condena.
El proceso en Italia arrancó en 1999 con la denuncia de algunos familiares de desaparecidos, un año después de que se ordenara la detención del dictador chileno Augusto Pinochet tras la investigación del juez español Baltasar Garzón.