Una de las condiciones en que los prosélitos se debaten cada vez que hay elecciones son los recursos utilizados por los candidatos y de dónde provienen los mismos.
Hay cada vez más dudas en torno a la financiación de campañas y hay una ley que buscaba encontrar un nivel de transparencia en los aportes que puedan hacer personas para un candidato o un partido determinado.
Todo aquello no pasó de ser una letra muerta, sin valor, sin trascendencia, sin capacidad de control. Hoy no sabemos cuándo un candidato realiza una campaña determinada, quién está por detrás, si está un narcotraficante o alguien que se dedica a algún negocio ilícito que le genera grandes recursos y que invierte en ese candidato de manera tal que cuando llegue al cargo le sea funcional a sus intereses.
Ya hemos hablado mucho sobre esto, sin embargo, no hay una conciencia de su trascendencia. Muy por el contrario, vemos que los financistas del dinero sucio ya no son aquellos que colocan los recursos en otras personas, sino que son ellos quienes participan de los comicios, como el caso del diputado suplente Chicharõ Sánchez, cruelmente abatido en la zona de Pedro Juan Caballero.
Es la hora de saber de dónde provienen los recursos y especialmente establecer mecanismos de control y de sanción mucho más efectivos que los actuales.
