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Los camioneros han decidido ir en contra de la Constitución y han cerrado calles, avenidas y rutas reclamando un 25 % de ganancia sobre la operación de fletes, algo que en cualquier país del mundo forma parte de los acuerdos entre sectores.
A los sojeros no les importa demasiado el tener que buscar por este camino la resolución del conflicto, porque si no lo hacen se pudrirán sus mercaderías, y a los fleteros también deberían sentarse con ellos y encontrar un acuerdo en torno a la cantidad que creen que vale el transporte de dichas mercaderías.
Lo que no puede hacerse es afectar la vida de terceros, los que entran y salen de Asunción no lo podrán hacer por la Costanera porque han decidido colocarse frente casi al Congreso para hacer escuchar con bocinas que están decididos a extorsionar y chantajear a todo el aparato legislativo para que pasen la norma.
La situación se demuestra todavía más grave, ya que en muchos otros casos también hemos visto que grupos, asociaciones y personas han decidido cerrar rutas simplemente porque creen que es la única manera de alcanzar sus objetivos.
La Fiscalía, que suele ser bastante diligente cuando se trata de atacar a todos aquellos que cuestionan la corrupción o que cuestionan al gobierno, como el caso de la abogada Ester Roa procesada por haberse manifestado en tiempos de Covid en contra de la compra de insumos médicos, es un caso en donde actuó rápido y pronta la Fiscalía y no en este caso lo tendría que decir con el mismo argumento, Ustedes, señores, están violando la Constitución, no pueden cerrar rutas, avenidas ni caminos cuando les plazca cuando existe un Artículo Constitucional que garantiza el libre tránsito de las personas.
Cuando vemos que nuestras instituciones se han degradado al punto que le tiene miedo a aquellos que pueden terminar presionando sobre ellos, es que realmente podemos afirmar de manera clara y contundente de que no vivimos en un estado de derecho.
