Según el texto, los ciudadanos que tengan las correspondientes licencias podrán a partir de ahora adquirir hasta seis armas y 2.000 municiones por año.
Además, el certificado de “capacitación técnica” necesario para acceder al armamento, emitido por las autoridades, podrá sustituirse por una declaración de un club de tiro en la cual deberá constar que el solicitante practica “habitualmente”.
Asimismo, los miembros de clubes de tiro y cazadores tendrán la potestad de comprar hasta 60 armas por año, sin el expreso permiso del Ejército, que se exigía hasta ahora.
La flexibilización del acceso a las armas fue una de las ofertas que Bolsonaro presentó a los brasileños en la campaña electoral de 2018, pero varias de las medidas que ha adoptado en ese sentido han sido moderadas o incluso anuladas por el Parlamento o la Justicia.
Este mismo mes, tras una renovación de las directivas de las cámaras que reforzó el poder de los aliados de Bolsonaro en el Parlamento, el mandatario ya había avisado que pretendía retomar su ofensiva en favor de la “autodefensa” de los ciudadanos frente a la delincuencia.
Bolsonaro, líder de una ultraderecha que se declara abiertamente armamentista, afirmó hace diez días, cuando anunció que volvería sobre ese asunto, que no le teme “al pueblo armado”, pues eso “impide que un gobernante se convierta en dictador”.
También ha dicho que insistirá en que el Parlamento apruebe la llamada “exclusión de licitud”, que impediría llevar a la Justicia a un policía que mate a un delincuente en ejercicio de sus funciones, aún si se sospechara que pudieran haber ocurrido abusos.
Esa propuesta fue incluida en un paquete de medidas contra la delincuencia remitido por el Gobierno al Congreso, que finalmente eliminó ese punto, rechazado por organizaciones de derechos humanos que ubican a los cuerpos de seguridad de Brasil entre los más violentos del mundo.
Bolsonaro, por el contrario, sostiene que “un policía en operaciones tiene que tener garantías, pues es jefe de familia, un trabajador que no puede, después de que cumplió su misión, recibir en su casa la visita de un oficial de justicia”.
“Si él está armado en la calle, es porque nosotros le dimos las armas”, ha dicho el mandatario, capitán de la reserva del Ejército y firme defensor del régimen militar que imperó en el país entre 1964 y 1985.
FUENTE: GESTIÓN
