Comentario 3×3
Los casos de corrupción abundan en el Paraguay y no es casualidad que nuestro país figure entre los países de más alta percepción de corrupción en el informe anual de Transparencia Internacional.
Lo que no estamos muy seguros aún es qué tipo de sanción debería recibir el corrupto. Lo que vemos es que el sistema judicial ha sido absolutamente cómplice de hacer que realmente aquel que afecta, perjudica, daña el erario público paraguayo, tenga sanciones muy leves que hagan que ese mismo personaje retorne a la vida política sin ningún tipo de miramiento ni cuestionamientos en poco tiempo.
Eso ha pasado con muchos nombres a lo largo de esta transición democrática, personas averiadas, gente que ya renunció, que lo echaron, que había pasado incluso tiempo en prisión, posteriormente retorna y ejerce altos cargos dentro de otra administración.
Hemos tenido quizás como un elemento simplemente anecdótico el primer presidente que entró a prisión como encargado de la primera magistratura en Horacio Cartes, y vemos en la actualidad también varias personas que habían sido condenadas y cuestionadas, como Juan Ernesto Villamayor, ocupar el segundo cargo más importante de la administración de un país que es el de secretario general o jefe de Gabinete de un Presidente de la República.
El mismo se encuentra envuelto ahora en el escándalo de PDVSA, que cada vez se le complica mucho más y le hace más difícil tener que explicar los argumentos y razones detrás de esta circunstancia.
En concreto, necesitamos tener una mayor capacidad y conciencia del daño, del perjuicio que hace el corrupto y en función de eso no contentarnos simplemente con la renuncia, con que el presidente o el ministro o cualquier otra autoridad administrativa aparte al corrupto, sino que tenga sanciones ejemplares y prohibiciones de ejercicio de la función pública por un tiempo largo.
