Por Benjamín Fernández Bogado
Los escándalos de la pandemia, lo que han dejado al descubierto es la escasa voluntad de nuestras instituciones de hacer aquello para lo cual están mandados a realizar por mandatos constitucionales y administrativos. No les interesa el Banco Central del Paraguay a Seprelad, por ejemplo, saber porque un banco que operaba con Messer ha caído drásticamente en sus ingresos por la colocación de reales en el mercado brasileño. A nadie le importó preguntarse por qué desde el momento en que Messer es atrapado el movimiento cambiario de la empresa a la que estuvo unida durante un tiempo y que lo relacionan sentimentalmente con el fundador de la empresa, no fue intervenida o no le llamó la atención para ninguna circunstancia de este tipo. Si tuviéramos la voluntad de corregir aquello que sabemos que está mal, muchas cosas no tendríamos que obviar como costo país. Este tema de no cuidar el movimiento de divisas o no hacer la tarea que se debiera, va a significar una sanción muy dura del organismo internacional del que el Paraguay ha firmado un convenio de cumplimiento que es el movimiento de dinero de lavado, específicamente dinero sucio que ingresa dentro del sistema financiero y que en términos de convenio internacional, Paraguay se adhirió para combatirlo.
Lo que vemos en la realidad práctica es que no hay voluntad de dejar bien parado al Paraguay. Al contrario, una sanción de este tipo hace perder importantes grados de puntuación alta para la inversión desde afuera y priva de ingresos importantes al Paraguay en momentos en que necesitamos que el Paraguay sea visto como un sitio atractivo para las inversiones. El costo país de la corrupción es demasiado alto y fundamentalmente porque las instituciones que deberían velar y controlar esto no se animan, no tienen la voluntad o están coludidos con el crimen.
