Por Benjamín Fernández Bogado
La situación por la que atraviesa un ciudadano que entró a robar pomelos en una casa y fue sorprendido —rescatada la mochila con las frutas en su interior— es que debe ser remitido a Tacumbú debido a su “peligrosidad”, según lo que se confirma en el Tribunal de Apelación. Esto ha traído en la imagen de la gente la dimensión de cómo se maneja la justicia en el Paraguay; notablemente dura e implacable con aquellos ladrones de gallinas o ladrones de pomelos, pero notablemente ciega, sorda y muda ante los grandes delitos que golpean severamente a los ciudadanos en sus recursos y que le cuestan la vida.
Cuando vemos de qué manera responde la estructura administrativa del Estado a la corrupción imperante del Ministerio de Salud, y vemos como tratan a un delincuente de pomelos, nos damos cuenta de por qué vivimos en una sociedad que tiene una cantidad de normas que no se cumplen ni se aplican, por qué hay tanto nivel de crítica hacia jueces y fiscales y a sus auxiliares, que son los policías, por qué tenemos una situación de inequidad, de mala distribución de recursos y padecemos sus consecuencias.
El gran problema del Paraguay es la no aplicación de la norma de manera justa para todos, independientemente de sus ingresos y de su poder político de ocasión. Nuestros administradores de justicia están absolutamente sirvientes al poder político, y estos están notablemente cómodos y a sus anchas en los lugares en donde se escogen a los jueces o se sancionan a ellos. En el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento es la olla donde se cuecen los elementos que hacen parte del cuadro de injusticia y de inequidad que reinan el país.
Esto hay que cambiar. En los países donde no hay justicia, no hay paz. Y nuestro país requiere encontrar el camino de su reivindicación y de su armonía, especialmente en estos tiempos dramáticos a través de la justicia, para que con ella tengamos la anhelada paz social.
