Por Carlos Ibarrola
La Comisión Especial de Supervisión de Compras COVID-19, constituida por Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui y René Fernández, ex fiscales de delitos económicos y anticorrupción, dictaminó que no existió daño patrimonial en la treintena de llamados a licitación que ellos mismos dijeron, antes, que estaban corrompidos y diseñados para defraudar al Estado. A pesar, incluso, de que en el caso de Imedic S.A. y Eurotec S.A. se embolsaron más de 17 mil millones de guaraníes, dinero que no ha sido de vuelto y por el que no obtuvimos siquiera un solo barbijo utilizable.
Pero, aunque resulte raro para algunos, esto no es extraño en el gobierno de Mario Abdo, quien —cuando la razón y la lógica ya no alcanzan— nos tiene acostumbrados a versículos bíblicos y a comisiones especiales para alcanzar el perdón de la sociedad y blanquear los negocios ilícitos que no llegaron a buen puerto. Aunque difícilmente alcancen el perdón y la bendición de Dios, si cuenta con la bendición de Sandra Quiñónez y, por supuesto, del hombre que importa, Horacio Cartes, quien a su vez, se asegura el control total de la “justicia” paraguaya para garantizar su impunidad y evitar someterse a la justicia brasileña, justicia que si lo tiene en la mira porque lo considera el jefe del crimen organizado. Por eso ha remitido un expediente de más de 500 páginas a la justicia paraguaya, con la cándida intención de obtener la colaboración de sus pares.
El gobierno de Mario Abdo desenmascara a todos aquellos que presumíamos incorruptibles, y ha llegado para evidenciar a través de sus comisiones, que todos tienen un precio, incluso en pandemia.
Ahora resulta que este gobierno corrupto y sus superpobladas instituciones no pueden realizar compra alguna, porque no pueden controlar sus ganas de robar y, por esta razón, todos los paraguayos tenemos que pagar comisiones para que sean otros organismos —y no el Estado paraguayo— las que realicen las adquisiciones que los lugartenientes de Abdo no pueden realizar por sus irresistibles ganas de apropiarse de lo ajeno. Es decir, tenemos que pagar comisiones para que nuestros funcionarios mal llamados “servidores del pueblo” no nos roben, al tiempo que también debemos pagarles su salario. Porque, aunque parezca increíble, si alguna certeza tenemos del dinero del plan de emergencia de 1600 millones de dólares, es que parte del mismo fue utilizado para que ningún funcionario del estado deje de recibir su salario, aún sin trabajar.
“No hay daño patrimonial” dicen, mientras tanto, miles de mipymes han cerrado y otras miles lo están haciendo día a día, dejando a decenas de miles de paraguayos sin sustento diario. El Ministerio Público reparte imputaciones para los de a pie, mientras no pueden ver a los que roban al Estado a manos llenas. Sin mencionar a aquellos que ya han perdido la vida (no solo por el nuevo virus, sino por las enfermedades descuidadas a causa de ella), las miles de familias confinadas en sus hogares, organizando ollas populares para sobrevivir, por culpa de un Estado que no fue siquiera capaz de hacer lo mínimo.
Ya no es tiempo de excusas, de comisiones ni de versículos bíblicos, es tiempo de que la ciudadanía se levante, alce la voz y patee el tablero. Porque cuando las autoridades han perdido toda la vergüenza, el pueblo debe perderles todo el respeto.
