El escenario tenso que ha caracterizado las relaciones entre el Gobierno y los transportistas en los últimos meses parece haber encontrado un respiro temporal con el reciente acuerdo alcanzado entre ambas partes. El viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, anunció este sábado un compromiso que podría traer un alivio momentáneo a los usuarios del transporte público.
El acuerdo, negociado con el Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam), establece un periodo de 90 días para realizar un exhaustivo análisis de los componentes que influyen en la tarifa técnica del transporte público. Este estudio, según Fernández, abordará tanto los coeficientes de mantenimiento de vehículos como el margen de renta empresarial.
La demanda principal de Cetrapam se centra en la necesidad de ajustar los componentes de reparación y repuestos para las unidades de transporte, así como en el margen de renta empresarial incluido en la tarifa técnica. Este punto ha sido objeto de intensos debates y tensiones en las mesas de negociación, pero finalmente se ha logrado establecer un compromiso de trabajo conjunto.
IMPLICANCIAS
En palabras del viceministro Fernández, «en el transcurso de las mesas técnicas tenemos otros coeficientes en estudio, y si éstos impactan en la tarifa técnica podría haber aumento en el subsidio». Esta declaración sugiere que el resultado del estudio podría tener implicaciones directas en el subsidio otorgado al transporte público, aunque se ha enfatizado que no se contempla modificar este subsidio para satisfacer las demandas de los transportistas.
Es importante destacar que este acuerdo llega en un momento crucial, con el anuncio de un paro programado por parte de los transportistas para el 11 de junio. Sin embargo, el viceministro ha dejado claro que el compromiso alcanzado no incluye cambios en el subsidio como condición para evitar la huelga.
REGULARIDAD
Además del acuerdo sobre los componentes de la tarifa, el viceministro Fernández también abordó las preocupaciones sobre la regularidad del servicio de transporte. Se anunció la implementación de tecnología para fortalecer los procesos de fiscalización, lo que permitirá un control más efectivo de la frecuencia de los buses, complementando así los esfuerzos de los funcionarios en las calles.
Si bien este acuerdo representa un paso adelante en las negociaciones entre el Gobierno y los transportistas, queda por verse cómo se desarrollará el estudio de los componentes de la tarifa y cuáles serán sus implicaciones concretas. Mientras tanto, los usuarios del transporte público aguardan con esperanza un servicio más eficiente y transparente en los próximos meses.
