El equipo armado por el Presidente Peña deberá dividir su tiempo entre los asuntos nacionales más urgentes y la misión de sacar el mejor acuerdo energético con Brasil.
No se puede enfrentar un partido en las grandes ligas con un equipo armado a las apuradas. En realidad, se puede pero no se debe, al menos si se tiene en alta consideración el compromiso. Es lo que sugiere la decisión del Presidente de la República de incorporar a ministros de su gabinete al equipo que deberá renegociar las condiciones para colocar en el mercado el excedente energético soberano que nos toca en Itaipú.
Ya truena la polémica que habla de la inconstitucionalidad de la decisión presidencial, pese a que la norma vigente es muy clara. El Presidente de la República y el Vicepresidente -dice la Constitución- no pueden ejercer cargos públicos o privados, remunerados o no, mientras duren en sus funciones. Tampoco pueden ejercer el comercio, la industria o actividad profesional alguna, debiendo dedicarse en exclusividad a sus funciones. Esas mismas incompatibilidades rigen para los ministros del gabinete, con la sola excepción del ejercicio de la docencia.
Para cumplir esta etapa de negociación, Peña designó a la jefa del Gabinete Civil, Lea Giménez, a los ministros de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez, de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, de Industria y Comercio, Javier Giménez además del asesor jurídico de la Presidencia, Roberto Moreno.
Como en el Paraguay nada está escrito en piedra, siempre hay lugar para el debate libre. Punteó el cruce un exdirector de Itaipú, James Spalding, quien consideró que «siendo esta época una etapa muy especial en la vida institucional de Itaipu, por la revisión del Anexo C y la eventual revisión del propio Tratado, es una decisión interesante que permitirá a Paraguay negociar y acordar con Brasil frente a frente». Desde la otra vereda, el constitucionalista Hugo Estigarribia asegura que con su decisión, Peña se aproxima peligrosamente a las causales de juicio político por mal desempeño de sus funciones.
Siempre pensamos que para negociaciones de este calibre se debe convocar a expertos que elaboren las bases más sólidas posibles desde lo técnico y jurídico, las que luego deben ser puestas en manos de negociadores experimentados que dediquen todo su tiempo a preparar estrategias y variantes que garanticen un acuerdo que proteja los intereses mayores del país.
La gran pregunta es si esos objetivos mayores son alcanzables con el equipo part time armado por el Presidente Peña, que deberá dividir su tiempo entre conducir los asuntos nacionales más urgentes y la gran misión de sacar el mejor acuerdo energético posible con Brasil. No queremos tirar mala onda pero permítasenos dudar que semejante meta sea alcanzable por esa vía. Además, si fallamos en esta instancia, no habrá segunda oportunidad por mucho tiempo.
¿Podría pensarlo el Presidente un poquito más? Todavía hay tiempo.
