Las Naciones Unidas, en una de sus primeras asambleas generales afirmó que: “La libertad de información es un derecho fundamental y… la piedra angular de todas las libertades a las que están consagradas las Naciones Unidas”. En otras palabras, es un derecho instrumental que puede ser utilizado para garantizar el cumplimiento de otros derechos esenciales del ser humano. Igualmente, el derecho incluiría la capacidad de ser informados y recibir noticias fidedignas.
El acceso a la información pública constituye a: la transparencia de la gestión pública; el combate a la corrupción y la cultura del secreto como práctica; la eficiencia en el manejo de la labor pública; y la participación ciudadana en la forma de decisiones de interés público.
En este sentido, el Estado, al brindar la información requerida por la persona, está exigida a hacerlo de manera transparente, clara y completa, en la medida en que es exigida por quien desea acceder a ella. Los tiempos han cambiado, actualmente, muchos países están pasando leyes que combaten la corrupción y aumentan la confianza pública en el gobierno.
Una ciudadanía cada vez más informada podrá exigir responsabilidad a sus gobiernos por sus políticas y elegir sus dirigentes con mayor efectividad. De igual importancia, las leyes de acceso a la información pueden ser utilizadas para mejorar las condiciones de vida de las personas a medida que ellas solicitan información relacionada con los servicios médicos, educación y otros servicios públicos.
“El conocimiento implica poder, y la transparencia es el remedio a la oscuridad bajo la cual la corrupción y el abuso prosperan”. Es tiempo de demandar un mayor compromiso y seriedad en las acciones hacia un estado transparente. Dependerá de la una ciudadanía activa el de “buscar, recibir y difundir”.
