La eterna «guerra política» que ha persistido en Bolivia en las últimas décadas ha vuelto a generar incertidumbre con los conflictos en Santa Cruz, la mayor región y motor del crecimiento económico del país, que apenas se recuperaba de una huelga de más de un mes y está nuevamente en las calles por la detención de su gobernador, Luis Fernando Camacho.
Bolivia carga desde hace años con una reputación de «inestabilidad política» por la alta conflictividad que persiste desde al menos medio siglo, dijo a EFE el analista económico Gonzalo Chávez.
Según Chávez, se calcula que entre los años 1970 y 2006 en el país hubo más de 14.000 huelgas, y muchos de los sectores movilizados en ese periodo están en funciones de Gobierno desde 2006, con la llegada del Movimiento al Socialismo (MAS) al poder, y hoy son otros los grupos que bloquean.
«Bolivia es un país que ha hecho de la calle una manera de hacer política, (lo) que daña significativamente a la economía y por eso tenemos una de las economías con mayor dificultad de generar desarrollo y no simplemente crecimiento de uno que otro sector vinculado a un buen precio de las materias primas», indicó.
Este «bloqueo histórico» manda señales muy malas afuera del país y por eso la inversión extranjera directa es poca, tiene tasas de rentabilidad demasiado altas, o los préstamos son caros, lo que «dificulta a la economía en el largo plazo», explicó.
Lo habitual era que los conflictos se desarrollaran en el occidente del país, en La Paz, la sede del Gobierno y el Parlamento nacional, o su vecina El Alto, ante lo cual muchas industrias que operaban en estas ciudades emigraron a la pujante Santa Cruz.
Pero ahora el conflicto está en esa región oriental, que entre octubre y noviembre cumplió una huelga de 36 días por la pronta realización del censo de población y volvió a las protestas desde el pasado 28 de diciembre por la detención en un cuestionado operativo policial de su gobernador, el opositor Luis Fernando Camacho.
Bloqueos de carreteras para impedir el envío de alimentos al resto del país y vigilias para frenar el funcionamiento de las entidades estatales nacionales son algunas de las medidas en contra del encarcelamiento de Camacho en una cárcel en el altiplano paceño.
BASTIÓN ECONÓMICO
La preocupación por la conflictividad en Santa Cruz no es cosa menor, ya que esa región significa el 30 % del producto interior bruto (PIB) nacional y genera el 76 % de la producción agrícola del país y el 85 % de las agroexportaciones, comentó a EFE el gerente general del privado Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez.
También «aporta con el 45 % al PIB agropecuario del país, al producir 16 millones de toneladas de alimentos y exportar más de 3,5 millones de toneladas superando los 2.500 millones de dólares al año», y produce el 100 % del sorgo y girasol, 99 % de la soya, 92 % de la caña de azúcar, 75 % del trigo, 72 % del arroz, 66 % del maíz y 31 % de las hortalizas, detalló.
Además concentra el 65 % de la producción pecuaria, es decir, pollo, huevos, leche y carnes, y el 100 % de la exportación de carne bovina, por lo que «si le va mal a Santa Cruz, lamentablemente, le irá mal a Bolivia», alertó Rodríguez.
Chávez mencionó que la economía cruceña es la que «más ha crecido en promedio en los últimos 20 años», llegando a superar hasta en 2 puntos porcentuales el promedio nacional en algunas ocasiones.
Además, el departamento registra un «boom» de la construcción debido en parte a la fuerte migración que recibe cada año desde otras regiones, lo que impulsó el crecimiento horizontal de su capital regional y la convirtió en la región boliviana más habitada.
En Santa Cruz también está parte de la exploración de gas y tiene un sector financiero comercial sumamente grande, por lo que «desde varias perspectivas, Santa Cruz se convirtió hace varios años en la locomotora del desarrollo», como lo fueron en su momento Potosí o La Paz, acotó Chávez.
ESCENARIO CONFLICTIVO
Ante las protestas en Santa Cruz y las advertencias de grupos oficialistas de confrontarlas, Chávez indicó que se tiene una «guerra política sumamente compleja y difícil que le está serruchando el piso a la economía», en un momento de «serios problemas» que no son recientes.
Problemas como un déficit público «enorme», las reservas internacionales a la baja y un sector externo que, si bien tuvo un auspicioso primer semestre en 2022, luego reportó descensos en los precios de materias primas como el petróleo o los minerales, a lo que se suma el «déficit comercial energético» reportado por el país por primera vez desde que comenzó a exportar gas natural, indicó.
En este escenario de «enorme desgaste», se complicará «de manera estructural la viabilidad del modelo que el Gobierno impulsa» por la incertidumbre generada por el conflicto, opinó Chávez.
Para Rodríguez, la conflictividad en la «locomotora del desarrollo nacional» pesará en contra del crecimiento económico «afectando la generación de empleo» formal y la generación de divisas.
«Los inversionistas se manejan por expectativas y si las señales del entorno no son adecuadas, podría darse una baja en la inversión» y si a esto se suman las constantes invasiones de tierras en el oriente boliviano, la seguridad y soberanía alimentarias quedan comprometidas, añadió. EFE
