Cuando entre ambos poderes se establecen relaciones peligrosas
El fallo en primera instancia que condenó a seis años de prisión a la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner ilumina un escenario que, en el vecino país, ha estado sembrado de permanentes forcejeos entre la política y la justicia. En plena campaña electoral, la jefa del kirchnerismo -rama desprendida del peronismo- anunció su decisión de bajarse de cualquier candidatura, ya sea a presidenta de la Nación o a legisladora. Algunos analistas aseguran que Cristina intenta evitar que la gente crea que su búsqueda de una banca en el Senado es para asegurar los fueros de los que viene dotado el cargo.
Argentina mantiene una relación históricamente tumultuosa entre la justicia que intenta poner las cosas en su lugar y la política que se empeña en mantener el statu quo. El caso más emblemático de este tire y afloje con inevitable desgaste institucional lo representan los indultos que el presidente Carlos Menem (1989-1999) concedió a militares golpistas y a líderes guerrilleros que ensangrentaron Argentina entre 1973 y 1983.
El político riojano se permitió liberar del cumplimiento del resto de sus sentencias a militares como Jorge Rafael Videla, Emilio Masera y otros altos jefes condenados en el histórico “juicio a las juntas” realizado en 1985 y que dió lugar a una película que está dando la vuelta al mundo. Esta “prenda de paz” destinada a pacificar a la Argentina, como alegara Menem en sus decretos de indulto, obligó a iniciar un trabajoso proceso de revisión que comenzó en el Congreso en 2003 y terminó en 2010 en la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucionales todos los indultos.
Cristina Fernández juega el partido con su habitual astucia. En febrero próximo cumplirá 70 años y por lo tanto, una confirmación de sentencia en la Corte Suprema le otorgaría prisión domiciliaria con tobillera. Su anuncio de renunciar a candidatarse podría desencadenar un “operativo clamor” con el pueblo en la calle rogando su vuelta al ruedo, algo meramente simbólico pues para entonces, la líder populista tendría vedado todo acceso a cargo público de por vida.
Pero es posible que Cristina cuente con el “Lula da Silva síndrome” y encuentre algún juez militante que anule todo lo actuado en su caso. Si ocurrió en Brasil, ahí cerca y hace poco, ¿porqué no podría pasar también en Argentina, en donde nada es imposible?
