La corrupción genera más desigualdad social en el país y destruye las instituciones del Estado. Este mal se ha instalado porque hay impunidad. El Poder Judicial no tiene independencia real; responde a sectores políticos. Pero el escenario es más preocupante, porque también se ha sumado el narcotráfico, que está principalmente en ambas Cámaras del Poder Legislativo.
El narcotráfico y la corrupción son muy destructivos y ponen en peligro el funcionamiento de las instituciones del Estado, que hoy se encuentran más frágiles que nunca. Estos dos males siguen creciendo y representan un peligro para nuestra incipiente democracia.
Para combatir estos dos grandes problemas debemos exigir que el Poder Judicial realice de manera correcta sus funciones y también trabajar por el desarrollo de la cultura cívica, de manera que los ciudadanos voten con responsabilidad y presionen a las autoridades a obrar con transparencia. El político corrupto no debe estar en la función pública.
El cambio real en el país debe venir de la ciudadanía y de los grupos de presión. El cambio no va a venir de la clase política ni de los funcionarios, porque a estos sectores les conviene mantener sus privilegios.
El verdadero cambio va a venir de la presión social de los ciudadanos. Pero por ahora la actitud con la clase política es aún tibia. Se espera que esa reacción sea antes de que todo esté destruido, antes de que el narcotráfico y la corrupción alteren totalmente el funcionamiento de las instituciones.