Nuevas revelaciones sobre el manejo de fondos de Itaipú Binacional en Ueno Bank profundizan los cuestionamientos a la gestión de Justo Zacarías Irún. Una investigación de CNN Brasil expuso que el banco fue habilitado pese a contar con apenas 13 meses de actividad bancaria, frente a una norma interna que exige cinco años de experiencia en el mercado paraguayo. Aunque legisladores opositores solicitaron investigar y procesar a autoridades de la binacional, el director general paraguayo continúa fuera de la nómina de imputados conocida públicamente.
Mientras el caso Ueno Bank avanza con imputaciones, detenciones e investigaciones sobre la actuación de exautoridades del Banco Central del Paraguay (BCP), la conducción de Itaipú Binacional enfrenta nuevos cuestionamientos por las decisiones que permitieron colocar millonarios recursos en la entidad financiera sometida a un procedimiento de resolución.
En el centro de las interrogantes aparece Justo Zacarías Irún, director general paraguayo de Itaipú, cuya administración mantenía depósitos por US$ 163,8 millones y G. 115.200 millones en Ueno Bank al 3 de noviembre de 2026.
El funcionario fue incluido en una denuncia presentada por legisladores opositores, que solicitaron investigar las responsabilidades de autoridades públicas involucradas en la colocación de recursos estatales. Sin embargo, hasta este miércoles 18 de noviembre no se identificó una imputación penal anunciada públicamente contra Zacarías por estos hechos.
La situación adquiere mayor relevancia después de que una investigación periodística de CNN Brasil, publicada el 16 de noviembre y actualizada el 17, expusiera un posible incumplimiento de las exigencias internas de Itaipú para habilitar entidades financieras.
¿Qué nueva irregularidad se reveló sobre la habilitación de Ueno Bank?
La investigación del periodista Robson Rodrigues, de CNN Brasil, identificó que la Dirección Ejecutiva de Itaipú habilitó a Ueno Bank para recibir depósitos de la hidroeléctrica cuando la institución llevaba aproximadamente 13 meses operando con licencia bancaria.
El documento examinado por el medio brasileño corresponde a la Instrucción de Procedimiento IP 02, vinculada a la Norma de Gestión de Disponibilidades de Caja de Itaipú, vigente desde el 12 de mayo de 2016.
En su apartado 5.3.2, la normativa establece una experiencia mínima de cinco años en el mercado paraguayo como uno de los criterios para seleccionar bancos receptores de aplicaciones financieras.
Ueno Bank comenzó a operar como banco el 1 de diciembre de 2023, mientras que Itaipú inició sus operaciones con la institución en enero de 2025.
Aunque la sociedad tiene antecedentes desde 1976, cuando funcionaba como Financiera El Comercio, y posteriormente adoptó la denominación Financiera Ueno, su trayectoria previa como financiera introduce una cuestión relevante sobre la interpretación del requisito exigido por la binacional.
La investigación periodística señala que la habilitación se produjo sin que se explicara públicamente cómo se acreditó el cumplimiento de los cinco años de experiencia establecidos en la normativa interna.
El nuevo elemento documental incrementa las preguntas sobre los controles aplicados antes de autorizar que una entidad bancaria de reciente constitución recibiera recursos millonarios de Itaipú.
¿Quién autorizó las operaciones financieras con Ueno Bank?
La selección de bancos habilitados para operar con Itaipú requiere la aprobación de la Dirección Ejecutiva binacional, integrada por representantes de Paraguay y Brasil.
Según CNN Brasil, la habilitación institucional y la decisión de realizar colocaciones financieras específicas corresponden a etapas diferentes.
La parte brasileña explicó que la autorización otorgada por el órgano ejecutivo permitía al banco operar con Itaipú, pero no equivalía a una aprobación automática de los depósitos posteriores.
También indicó que el procedimiento fue instruido desde el margen paraguayo, mediante documentación y justificaciones técnicas.
Por otra parte, sostuvo que existieron un dictamen jurídico y un análisis financiero que fundamentaron la viabilidad de habilitar a Ueno Bank.
No obstante, la publicación no identificó la resolución específica de aprobación ni obtuvo una explicación concluyente sobre cómo se computó la experiencia exigida al banco.
Estas circunstancias colocan bajo escrutinio las actuaciones de los responsables de la administración paraguaya, particularmente las áreas encargadas de justificar la selección del banco, evaluar los riesgos y decidir las colocaciones.
En ese contexto, resulta fundamental esclarecer qué participación tuvieron Zacarías Irún, la Dirección Financiera y los demás integrantes de la conducción en las decisiones cuestionadas.
¿Cuánto dinero de Itaipú quedó expuesto en Ueno Bank?
La propia Itaipú reconoció que, al 3 de noviembre, mantenía en Ueno Bank depósitos por US$ 163,8 millones y G. 115.200 millones.
El monto conjunto equivalía aproximadamente a US$ 181 millones, dependiendo del tipo de cambio utilizado.
Según la binacional, las operaciones con el banco comenzaron en enero de 2025 y formaban parte de la administración de los recursos transferidos desde Brasil, así como de compromisos y movimientos de tesorería.
La entidad también informó que las remesas ingresadas a Paraguay entre 2024 y 2026 superaron los US$ 2.409 millones.
Sin embargo, la existencia de depósitos de semejante magnitud en un banco sometido a resolución plantea interrogantes sobre la concentración de riesgos, los mecanismos de supervisión y la información financiera utilizada por los responsables de las colocaciones.
Estos saldos no equivalen automáticamente a pérdidas definitivas ni constituyen, por sí mismos, evidencia de apropiación de fondos. La recuperación de los recursos y la determinación de eventuales perjuicios deben establecerse mediante los procedimientos correspondientes.
¿Qué denuncias existen contra Justo Zacarías y las autoridades de Itaipú?
El 5 de noviembre, legisladores opositores ampliaron una denuncia penal relacionada con Ueno Bank, incorporando cuestionamientos a la actuación de autoridades de instituciones que colocaron fondos públicos en la entidad financiera.
La presentación busca establecer si los responsables de los depósitos actuaron sobre la base de información financiera falsa o incompleta, si omitieron controles o si pudieron haber participado conscientemente en eventuales irregularidades.
Entre las autoridades de Itaipú señaladas en las publicaciones sobre la denuncia figuran Justo Zacarías Irún, Magnolia Mendoza, Rafael Lara Valenzuela, Hugo Zárate, Julio Rodrigo Paredes y Justino Caballero.
Los denunciantes solicitaron que la investigación alcance a los directores, consejeros y responsables de instituciones públicas que autorizaron o mantuvieron inversiones en Ueno Bank.
El reclamo apunta a determinar responsabilidades individuales y no únicamente a investigar a los directivos del banco o a las autoridades encargadas de supervisar el sistema financiero.
La denuncia constituye un antecedente relevante para el examen de las decisiones de Itaipú, aunque no determina por sí sola la existencia de responsabilidad penal de las personas mencionadas.
¿Por qué Justo Zacarías sigue fuera de la lista de imputados?
El Ministerio Público dispuso el 5 de noviembre, mediante la Resolución FGE n.º 4474, la apertura de tres causas penales relacionadas con el caso Ueno Bank.
Las investigaciones incluyen denuncias sobre la supervisión bancaria, la colocación de recursos públicos y las actuaciones de autoridades de instituciones estatales depositantes.
Por lo tanto, no puede sostenerse que la Fiscalía haya omitido abrir investigaciones sobre el manejo de fondos públicos. La cuestión pendiente es establecer qué diligencias específicas se realizaron respecto de los responsables de Itaipú y si existen elementos para formular imputaciones individuales.
A diferencia de otras autoridades que ya fueron imputadas en el marco del caso Ueno, Justo Zacarías no aparece entre las personas contra quienes se anunciaron formalmente cargos penales.
La ausencia de una imputación conocida públicamente tampoco permite concluir que no esté siendo investigado.
Sin embargo, las nuevas revelaciones abren interrogantes que corresponde esclarecer: ¿quién promovió la habilitación de Ueno Bank?, ¿qué funcionarios evaluaron el cumplimiento de los requisitos internos?, ¿qué documentación respaldó las decisiones y quién autorizó finalmente los depósitos millonarios?
También resulta necesario determinar si la Fiscalía solicitó las resoluciones, actas, dictámenes jurídicos e informes de riesgo que permitieron incorporar a Ueno Bank a la nómina de entidades habilitadas para administrar fondos de la binacional.
¿Qué debe esclarecer ahora la investigación penal?
Las revelaciones sobre el requisito de experiencia introducen un nuevo elemento para analizar la cadena de decisiones que permitió el ingreso de recursos de Itaipú a Ueno Bank.
Si bien un eventual incumplimiento administrativo no constituye automáticamente un delito, la Fiscalía puede examinar si las decisiones financieras estuvieron debidamente fundamentadas, si los responsables conocían los riesgos y si existieron conductas con relevancia penal.
También corresponde distinguir entre la habilitación institucional del banco, aprobada por el órgano ejecutivo binacional, y las decisiones posteriores sobre montos, plazos y condiciones de los depósitos, atribuidas a la gestión financiera de cada margen.
En ese escenario, el papel de Justo Zacarías Irún continúa siendo una cuestión de interés público por su posición al frente de la administración paraguaya.
La documentación divulgada, las denuncias de parlamentarios y el volumen de recursos comprometidos refuerzan la necesidad de respuestas institucionales sobre el proceso de autorización.
La pregunta que permanece abierta es si los antecedentes reunidos hasta ahora justifican avanzar hacia la imputación de alguna de las autoridades que participaron en esas decisiones o si la Fiscalía considera que todavía no existen elementos suficientes.
Mientras esa respuesta no se conozca, Justo Zacarías continúa al frente de Itaipú, bajo cuestionamientos por la administración de fondos millonarios en Ueno Bank y sin una imputación penal confirmada públicamente por estos hechos.