Las cuestiones que tienen que ver con las obras públicas en el Paraguay son siempre sujetas de dudas, cuanto se gasto, por qué ese gasto de esa manera, quienes tuvieron que ver en la contratación de estas obras públicas, quienes son los proveedores de los insumos.
La ley de acceso a la información pública ha hecho énfasis en que no solamente tenemos que hacer puntualizaciones en torno a cómo se maneja lo público desde el Estado, sino también como contrata el Estado con empresas privadas, muchas de ellas son sospechosas de estar en colusión, en arreglo con las autoridades a través de diferentes maneras, a veces por cercanía, otras inclusive los administradores hacen parte de la misma sociedad que contrata con el Estado, a pesar de que eso no era o no es legal.
El propio Presidente de la República reconoce que cuando era senador, antes de ser presidente, participaba en licitaciones públicas a pesar de que la norma lo prohibía, ahora afirma que vende el asfalto a una empresa distinta que es la que comercializa finalmente con el Estado.
La cantidad de ingresos que tiene la empresa de Abdo los últimos cuatro años demuestra que ha sido extraordinariamente eficiente vendiendo a la tercera empresa, que vuelve a venderla al Estado que Abdo circunstancialmente administra. Hay que entender este tipo de cuestiones como que conspiran directamente contra la calidad de la obra, contra la pertinencia de la misma y lleva a la presunción de alta corrupción de parte de cada uno de sus protagonistas, las obras públicas que se contratan por miles de millones de dólares por año, tienen que ser sujetas de un control y especialmente de un compromiso del gobierno que emerja para cambiar esta ecuación que hasta ahora sólo ha producido desencantados y corrupción.
