El Ministerio Público formuló imputación contra el extitular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y actual precandidato de la disidencia de la ANR, Arnoldo Wiens, por la presunta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza y daño a obras construidas, en el marco de la causa vinculada al fallido proyecto Metrobús. De acuerdo con la imputación, el supuesto perjuicio patrimonial al Estado se ubica entre 6.000 y 8.000 millones de guaraníes.
El requerimiento fue presentado por los fiscales Nathalia Silva, Yeimy Adle y Giovanni Grisetti, quienes sostienen que Wiens, al asumir en agosto de 2018 como titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, tenía la obligación legal de resguardar el patrimonio estatal y garantizar la continuidad de las obras públicas adjudicadas. La investigación se centra en la ejecución del contrato S.G. N° 100/2016, firmado con la firma portuguesa Mota-Engil para la implementación del Metrobús.
Según el acta fiscal, uno de los hechos clave ocurrió el 23 de octubre de 2018, cuando el entonces ministro firmó un acta de entendimiento con la contratista para suspender los trabajos en los tramos 2 y 3 del proyecto. Para la Fiscalía, esa determinación derivó en la paralización de la obra y en la incorporación de tareas que no estaban contempladas en el objeto contractual original.
Según la imputación, otro punto señalado corresponde al 1 de abril de 2020, cuando se dispuso la demolición parcial de estaciones ya construidas sobre la avenida Mariscal Estigarribia. Estas tareas se extendieron hasta mayo de ese año e implicaron la destrucción de infraestructura previamente financiada con recursos públicos.
El documento indica que, antes de estas decisiones, el proyecto registraba un avance físico cercano al 40 %, con seis estaciones ya edificadas, por las cuales el Estado había desembolsado más de 6.900 millones de guaraníes.
En la misma causa, el Ministerio Público solicitó el sobreseimiento definitivo del exministro Ramón Jiménez Gaona, quien ocupó el cargo durante el gobierno de Horacio Cartes. Entre los argumentos, se menciona la no objeción del Banco Interamericano de Desarrollo al proceso licitatorio y un laudo arbitral internacional que atribuye los principales inconvenientes del proyecto a decisiones adoptadas con posterioridad.
