La Mesa Energética Nacional vuelve a discutir este lunes el futuro del sistema eléctrico paraguayo, con la tarifa técnica, las inversiones y el crecimiento de la demanda entre sus principales ejes. El debate ocurre mientras un estudio elaborado para ANDE proyecta una tarifa media de US$ 68,6 por MWh para 2030, pero también mientras el Congreso analiza cambios en la estructura del mercado eléctrico.
¿Qué se discute este lunes sobre el futuro de ANDE?
La reunión de la Mesa Energética Nacional, prevista para este lunes 31 de agosto, tendrá como uno de sus puntos centrales la situación de Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y las medidas necesarias para acompañar el crecimiento del consumo.
De acuerdo con la información difundida sobre la convocatoria, la agenda contempla la presentación del plan de gestión de la estatal para el corto y mediano plazo, la discusión del estudio de tarifa técnica elaborado por el Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética de la Universidad de Buenos Aires (CEARE-UBA) con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), además de los avances sobre una eventual nueva institucionalidad energética.
El dato que concentra buena parte de la atención es la recomendación de modificar gradualmente la tarifa media desde US$ 49,2 hasta US$ 68,6 por MWh entre 2026 y 2030, equivalente a un incremento acumulado de 39,4%. El estudio también plantea variaciones diferentes según el nivel de tensión y tipo de consumidor.
Sin embargo, existe una diferencia que debe quedar clara: el estudio no significa que el Gobierno haya aprobado una suba de 39,4%. Se trata de una referencia técnica que ingresa ahora en una discusión política, regulatoria y económica.
¿Por qué una eventual suba tarifaria no resuelve por sí sola el problema?
La discusión sobre la tarifa tiene una segunda pregunta: qué se financiará con los mayores ingresos y si el aumento será suficiente para cubrir las necesidades de inversión de ANDE.
El presupuesto de la estatal para 2026 contempla unos US$ 1.988 millones, de los cuales US$ 511 millones corresponden a inversiones físicas, según la documentación presentada por ANDE ante la Comisión Bicameral de Presupuesto. Entre las obras previstas figuran proyectos de transmisión y distribución, incluido el segundo circuito de 500 kV Margen Derecha-Villa Hayes.
Ese monto, sin embargo, corresponde a inversión presupuestada para 2026, no a dinero ya ejecutado. La diferencia es relevante para evaluar la capacidad real de respuesta de la empresa: anunciar una cartera de obras no equivale a tenerlas terminadas ni disponibles cuando la demanda las requiera.
La propia planificación oficial de ANDE establece horizontes diferentes según el segmento. El Plan Maestro de Generación llega hasta 2043, mientras que los planes de Transmisión y Distribución tienen horizonte hasta 2033.
Por eso, el debate tarifario debería estar acompañado de información sobre ejecución de obras, fuentes de financiamiento, cronogramas y prioridades, y no limitarse al porcentaje de aumento que podría aplicarse.
¿Está creciendo realmente la demanda eléctrica?
Sí. Los datos reportados por ANDE muestran un incremento significativo del consumo durante 2026. En el primer semestre, la demanda acumuló un aumento de 18,3% respecto del mismo período de 2025. Solo en junio se registró una demanda de 2.310.632 MWh, frente a 2.067.602 MWh un año antes.
El crecimiento también se refleja en la potencia máxima. En enero de 2026, el sistema alcanzó un récord de 5.752 MW, frente a 4.936 MW registrados como máximo en enero de 2025, según los datos reportados a partir de información de la estatal.
Estos datos muestran una presión creciente sobre el sistema, pero no permiten afirmar que Paraguay se encuentre actualmente frente a un desabastecimiento eléctrico. De hecho, en julio el entonces presidente de ANDE, Félix Sosa, sostuvo que el país todavía contaba con capacidad suficiente de generación, aunque remarcó la necesidad de continuar fortaleciendo transmisión y distribución.
La discusión técnica es, por tanto, más compleja que determinar si existe o no energía disponible. Paraguay puede disponer de generación hidroeléctrica y, al mismo tiempo, enfrentar restricciones de transmisión, distribución o capacidad de respuesta localizada si las inversiones no acompañan el crecimiento del consumo.
¿Cuándo podría aparecer una restricción de energía?
En este punto es necesario separar hechos actuales de proyecciones.
El ingeniero Fabián Cáceres, exgerente técnico de ANDE y uno de los especialistas convocados a la Mesa Energética, advirtió sobre un posible déficit energético hacia 2030 o 2032 si no se adoptan medidas, vinculando ese escenario con el crecimiento de la demanda, las inversiones pendientes y la necesidad de ampliar las fuentes de generación.
Esa advertencia no constituye una proyección oficial de ANDE ni significa que el país vaya necesariamente a enfrentar un déficit en esos años. Es una estimación planteada por un especialista dentro del debate energético.
La planificación oficial, por su parte, ya contempla inversiones de largo plazo. El Plan Maestro de Generación 2024-2043 incorpora proyectos y alternativas para ampliar y diversificar la generación, mientras que los planes de transmisión y distribución llegan hasta 2033.
El problema que sí puede verificarse es temporal: las obras energéticas requieren años de planificación, financiamiento, licitación y ejecución. Por eso, esperar a que aparezca una restricción efectiva para iniciar proyectos podría reducir el margen de maniobra del sistema.
¿Quién pagará la expansión eléctrica que necesita Paraguay?
Aquí aparece la parte más sensible del debate tarifario.
Una mayor tarifa puede incrementar los recursos disponibles para ANDE, pero también puede elevar los costos de hogares y empresas. El impacto no sería necesariamente uniforme, porque el estudio técnico contempla diferentes niveles tarifarios según las categorías de usuarios.
Para las empresas industriales y los proyectos que utilizan grandes cantidades de electricidad, el precio de la energía forma parte directa de sus costos operativos. Por eso, una política tarifaria debe equilibrar dos objetivos que pueden entrar en tensión: mejorar la sostenibilidad financiera de ANDE y conservar una estructura de costos que permita atraer y retener inversiones.
La alternativa tampoco se limita a aumentar tarifas. El presupuesto de ANDE combina recursos propios con financiamiento externo y donaciones, mientras que varios proyectos de infraestructura se apoyan en organismos multilaterales. Para 2026, la documentación presupuestaria presentada por la estatal contempla US$ 396 millones en fondos externos y donaciones de Itaipú, además de US$ 1.592 millones en fondos propios.
Eso significa que la discusión real es más amplia: cuánto debe pagar el usuario, cuánto puede financiar ANDE con sus propios ingresos, cuánto puede obtener mediante crédito y cuánto capital privado puede incorporarse sin generar nuevos riesgos regulatorios.
¿Qué está pidiendo el Congreso sobre los grandes consumidores?
La discusión tarifaria ocurre en paralelo a un proceso de fiscalización parlamentaria sobre los consumidores electrointensivos.
La Cámara de Diputados aprobó en agosto un pedido de informes a ANDE impulsado por el diputado Raúl Benítez, para conocer las condiciones de las tarifas y contratos especiales con consumidores de alto uso energético. El pedido incluye información sobre disponibilidad de potencia y energía, contratos, tarifas diferenciadas e incentivos.
La relevancia de esta información aumenta a medida que Paraguay busca atraer actividades con elevado consumo eléctrico. La discusión no es únicamente cuánto pagará una familia o una empresa tradicional, sino también qué condiciones recibirán los proyectos capaces de demandar grandes bloques de energía.
El punto de transparencia es relevante porque cualquier esquema de beneficios, descuentos o condiciones especiales debería permitir conocer qué recibe el consumidor, qué compromisos asume y cuál es el retorno esperado para el país.
La propia ANDE mantiene actualmente esquemas tarifarios específicos para industrias electrointensivas y consumos intensivos especiales, bajo distintos decretos y resoluciones.
¿Está cambiando también la estructura institucional del sector?
Sí. Y este es uno de los puntos que evita reducir toda la discusión energética a una eventual suba tarifaria.
El 12 de agosto de 2026, el senador Enrique Salyn Buzarquis Cáceres presentó ante la Cámara de Senadores el proyecto de Ley General de la Industria Eléctrica, identificado con el expediente S-2603855. El proyecto se encuentra actualmente en trámite, en primer trámite constitucional.
La iniciativa plantea una reorganización profunda del sector y busca modificar el esquema vigente bajo la Ley N.° 966/1964, que establece la Carta Orgánica de ANDE. Entre los cambios planteados figura una separación de actividades que actualmente se concentran en la estatal y la creación de nuevas estructuras regulatorias.
Al mismo tiempo, el Ejecutivo trabaja sobre propuestas para crear un Ministerio de Energía, Minería e Hidrocarburos y un Ente Regulador de Energía, temas que también forman parte de la discusión de la Mesa Energética.
El hecho de que existan propuestas distintas para reorganizar el sector muestra que el debate no se limita a una cuestión financiera de ANDE. También está en discusión quién formula la política energética, quién regula, quién controla el mercado y qué espacio tendrá la inversión privada.
¿Qué deberá responder la Mesa Energética?
La reunión de este lunes puede ser relevante si permite pasar de los diagnósticos generales a información concreta sobre costos, inversiones, contratos y plazos.
La discusión debería dejar diferenciadas al menos estas cuestiones:
- Tarifa: cuánto representa el costo técnico y cuánto se trasladaría efectivamente a cada categoría de usuario.
- Inversión: qué proyectos están financiados, cuáles están en ejecución y cuáles todavía requieren recursos.
- Demanda: cuánto del crecimiento corresponde a hogares, comercio, industria y grandes consumidores.
- Contratos: bajo qué condiciones se asigna potencia a consumidores electrointensivos.
- Institucionalidad: qué funciones conservará ANDE y cuáles pasarían a organismos de política o regulación.
El punto de fondo es que tarifa, inversión y reforma institucional están conectados, pero no son la misma decisión. Aumentar la tarifa no garantiza por sí mismo que las obras se ejecuten a tiempo; ampliar la participación privada no elimina la necesidad de regulación; y crear nuevos organismos no asegura automáticamente una mejor gestión.
¿Puede ANDE financiar el crecimiento sin trasladar todo el costo al usuario?
La discusión energética paraguaya entra así en una etapa en la que las decisiones ya no pueden medirse solamente por la cantidad de energía generada.
El país tiene una planificación oficial que contempla expansión de generación hasta 2043 y de transmisión y distribución hasta 2033, mientras la demanda continúa creciendo y el Congreso comienza a exigir mayor información sobre los contratos con grandes consumidores.
La recomendación de llevar la tarifa media de US$ 49,2 a US$ 68,6 por MWh es, por ahora, un insumo técnico. El verdadero debate será qué parte de ese costo corresponde trasladar a los usuarios, qué inversiones puede financiar ANDE con sus propios recursos y qué garantías existen de que una mayor recaudación termine convertida en infraestructura efectiva y capacidad disponible.
Ahí estará la prueba para la política energética: no solamente conseguir más recursos, sino demostrar cómo se utilizarán, quién asumirá el costo y qué controles existirán sobre las decisiones que definirán el mercado eléctrico paraguayo durante las próximas décadas.
