El Gobierno anunció US$ 760 millones para insumos y medicamentos en 2027 y otros US$ 195 millones para el INCAN, en respuesta a la crisis sanitaria. Sin embargo, mantuvo el rechazo al aumento del pago por vínculo reclamado por los médicos. Mientras el gremio habla de unas 200 renuncias, Salud reconoce 61 y asegura que los servicios están garantizados.
¿Qué anunció el Gobierno para el presupuesto de Salud de 2027?
El ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, informó que el Proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027, que será remitido al Congreso este 1 de septiembre, contempla US$ 760 millones para la compra de insumos y medicamentos destinados a los hospitales públicos.
A este monto se suman US$ 195 millones para el Instituto Nacional del Cáncer (INCAN), uno de los centros que quedó involucrado en la escalada de renuncias de médicos especialistas y jefes de departamentos durante esta jornada.
Lovera sostuvo que el 62% del aumento presupuestario previsto para 2027 se concentrará en el sector de salud pública. El planteamiento del Ejecutivo busca responder principalmente a uno de los reclamos que acompañó la huelga médica: la falta de medicamentos, insumos y recursos para sostener la atención.
“Estamos resolviendo las deudas pendientes y reforzando la provisión de medicamentos para los hospitales”, afirmó el ministro durante la conferencia de prensa.
El anuncio se produce pocas horas después de que especialistas de distintos hospitales públicos formalizaran sus renuncias, luego de una semana de huelga nacional sin un acuerdo sobre las reivindicaciones salariales y laborales.
¿Qué ofreció el Gobierno a los médicos y qué rechazó?
La respuesta del Ejecutivo no incluyó el aumento salarial por vínculo que reclaman los médicos. El gremio había planteado elevar el pago hasta G. 8 millones por vínculo, mientras el Gobierno venía señalando las restricciones presupuestarias como uno de los principales límites para aceptar esa demanda. El Senado también había advertido sobre la necesidad de compatibilizar cualquier solución con la Ley de Responsabilidad Fiscal.
En cambio, Lovera adelantó que el PGN 2027 incorporaría un pago adicional por el trabajo realizado durante días feriados. La medida representa una modificación en la estructura de compensación, pero no equivale al incremento salarial por vínculo solicitado por los gremios.
El Gobierno volvió además a plantear la profesionalización de la carrera sanitaria como una salida de mediano plazo. “Debemos apuntar a la profesionalización en la carrera sanitaria, para que genere un impacto sostenible financieramente”, sostuvo Lovera.
La discusión, por tanto, se desplaza desde una respuesta salarial inmediata hacia una combinación de mayor presupuesto para medicamentos, regularización de obligaciones con proveedores y cambios en la carrera sanitaria.
¿Cuántos médicos renunciaron realmente?
La cifra se convirtió en uno de los principales puntos de disputa entre el Gobierno y los gremios.
Los representantes médicos reportaron durante la jornada alrededor de 200 renuncias presentadas, con profesionales de especialidades y subespecialidades de hospitales de referencia. En una primera contabilización gremial se habló de 196 renuncias, con la posibilidad de que el número aumente durante la semana.
El Ministerio de Salud, sin embargo, presentó una cifra sustancialmente menor. Durante la conferencia, la ministra María Teresa Barán afirmó que la cartera recibió 61 renuncias y sostuvo que los servicios sanitarios del país están garantizados.
La diferencia no es solamente estadística. También tiene una dimensión institucional, porque el Ministerio debe determinar qué renuncias fueron efectivamente presentadas, qué vínculo laboral tiene cada profesional y cuáles pueden ser aceptadas.
La propia cartera ya había señalado que las notas serían sometidas a una revisión jurídica individual, debido a que los profesionales mantienen diferentes modalidades de vinculación con el Estado.
¿Qué hospitales están afectados por las renuncias?
La protesta alcanzó algunos de los principales centros de referencia del sistema público.
En el Hospital Pediátrico Acosta Ñu, los gremios reportaron la renuncia de 141 de 164 especialistas, equivalente al 86% del plantel especializado. También se comunicaron renuncias entre terapistas pediátricos, cardiólogos y otras especialidades críticas.
En el Hospital Nacional de Itauguá, la situación adquirió una dimensión institucional adicional. El director general, el director médico y los jefes de departamentos y servicios pusieron sus cargos a disposición, en una medida que alcanza aproximadamente a 100 cargos jerárquicos. Los responsables aclararon que poner los cargos a disposición no equivale todavía a una renuncia formal.
También se reportaron renuncias de especialistas en el Hospital de Trauma, particularmente entre profesionales vinculados con terapia intensiva y neurocirugía. En el Hospital Nacional de Itauguá, entre los profesionales que presentaron renuncia figuran especialistas de Neonatología, Terapia Intensiva Pediátrica, Anestesiología y Cirugía Pediátrica.
El INCAN se sumó durante la jornada con el anuncio de una renuncia de jefaturas. Los médicos informaron que entre 20 y 30 jefes de departamentos decidieron presentar sus renuncias, aunque la formalización dependía de las actuaciones posteriores ante la dirección.
La dimensión de la medida también alcanza a hospitales regionales. Los gremios reportaron renuncias entre terapistas en Ciudad del Este, además de profesionales de otras áreas críticas.
¿Qué impacto tiene el paquete anunciado sobre la crisis?
El Gobierno intenta separar dos problemas que confluyeron en la huelga: la disponibilidad de recursos para el funcionamiento de los hospitales y la estructura salarial de los profesionales.
El anuncio de US$ 760 millones para medicamentos e insumos apunta directamente al primer problema. El compromiso de cancelar las deudas con proveedores también busca evitar que la falta de pago termine afectando la continuidad del abastecimiento hospitalario.
Pero la medida no resuelve el segundo frente. Los médicos reclaman un aumento del pago por vínculo y una modificación de las condiciones laborales. El Ejecutivo, en cambio, plantea que la solución debe avanzar hacia una carrera sanitaria profesionalizada y financieramente sostenible.
El antecedente presupuestario muestra que el Gobierno ya venía aumentando los recursos destinados a salud. En el proyecto de PGN 2026, el MEF había previsto recursos adicionales para medicamentos, personal y funcionamiento del Ministerio de Salud.
Por eso, el debate que llegará al Congreso Nacional desde el 1 de septiembre no será únicamente sobre cuánto dinero tendrá Salud, sino sobre cómo se distribuirá ese incremento entre medicamentos, proveedores, infraestructura, contratación de personal y remuneraciones.
¿Qué deberá resolver ahora el Congreso?
La presentación del PGN 2027 abre una nueva etapa del conflicto. El Ejecutivo apuesta a utilizar el presupuesto como principal herramienta para responder a la crisis, pero los gremios deberán decidir si consideran suficiente la propuesta para abandonar las medidas de presión.
Para el Congreso, el punto más sensible será determinar si el incremento presupuestario anunciado tiene respaldo financiero sostenible y cuánto margen existe para incorporar modificaciones durante el tratamiento legislativo.
El debate también tendrá una consecuencia institucional: si las renuncias médicas continúan aumentando, el Estado deberá garantizar la continuidad de servicios de alta complejidad mientras define cómo cubrir las vacantes.
La diferencia entre las 61 renuncias reconocidas por Salud y las casi 200 reportadas por los gremios será, además, uno de los primeros datos que deberán ser auditados durante el proceso. Hasta que el Ministerio concluya la revisión individual, ambas cifras representan posiciones diferentes sobre la magnitud efectiva de la crisis.
El Ejecutivo llega así al inicio del debate presupuestario con una oferta de mayor financiamiento para salud, pero sin aceptar el principal reclamo salarial que originó la huelga. La negociación ahora se trasladará al Congreso, donde el PGN 2027 deberá convertir los anuncios de la conferencia en partidas presupuestarias concretas.
