El exintendente de Ciudad del Este y líder del movimiento Yo Creo, Miguel Prieto, comenzó este lunes el primer juicio oral de las causas penales que enfrenta por presuntas irregularidades durante su administración municipal. El proceso, conocido como caso Tía Chela, pone bajo examen contrataciones realizadas durante la pandemia de 2020 y se convierte en el primer expediente que llega a la etapa de juzgamiento entre las investigaciones impulsadas por el Ministerio Público contra el dirigente opositor.
Antes de ingresar a la sala del Palacio de Justicia, Prieto defendió públicamente su decisión de utilizar un chaleco antibalas durante una movilización política en Caacupé y reiteró que considera que las investigaciones buscan frenar sus aspiraciones para las elecciones generales de 2028. La Fiscalía, por su parte, sostiene que existió un esquema de contratación irregular que habría provocado un perjuicio patrimonial a la Municipalidad de Ciudad del Este.
¿Qué investiga el juicio oral del caso Tía Chela?
El proceso judicial analiza la compra de kits de alimentos realizada por la Municipalidad de Ciudad del Este durante la emergencia sanitaria del COVID-19. Según la acusación fiscal, la administración municipal habría utilizado una licitación por excepción para adjudicar el contrato a una empresa proveedora en condiciones que la investigación considera direccionadas.
La Fiscalía atribuye a Prieto y a otros diez procesados una supuesta participación en un esquema que habría ocasionado un perjuicio de G. 2.949.650.000 a las arcas municipales. El juicio deberá determinar si existieron irregularidades administrativas con relevancia penal y si los acusados tuvieron responsabilidad individual en el procedimiento de contratación.
El expediente constituye el primer caso contra el exintendente que alcanza la fase de juicio oral, una instancia en la que el Ministerio Público deberá presentar pruebas documentales, periciales y testimoniales para sostener la acusación ante el Tribunal de Sentencia.
¿Qué dijo Miguel Prieto antes de ingresar al Palacio de Justicia?
Horas antes del inicio de la audiencia, Prieto llegó acompañado de dirigentes de Yo Creo, del intendente de Ciudad del Este, Daniel Pereira Mujica, y del senador Rubén Velázquez.
Consultado sobre el chaleco antibalas que utilizó durante la caravana que culminó en Caacupé, el dirigente afirmó que no recibió amenazas concretas, pero defendió la medida como una decisión preventiva.
“Temor no hay; simplemente no soy estúpido”, declaró el exintendente al ser consultado por periodistas antes del juicio.
Prieto también hizo referencia al asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci ocurrido en Colombia en 2022, señalando que no considera necesario esperar una amenaza explícita para adoptar medidas de seguridad personal.
Durante sus declaraciones insistió en que continuará con su proyecto político pese a las causas judiciales abiertas en su contra.
¿Por qué Prieto habla de persecución judicial?
El líder de Yo Creo volvió a sostener que los procesos penales responden a un intento de impedir su candidatura presidencial para 2028. Según afirmó, el Gobierno estaría utilizando mecanismos judiciales para debilitar a una de las principales figuras de la oposición.
Esa afirmación forma parte de la estrategia política que Prieto mantiene desde que comenzaron las investigaciones fiscales. Sin embargo, hasta el momento el proceso judicial se desarrolla dentro del sistema ordinario de justicia y la acusación deberá ser debatida durante el juicio mediante la producción de pruebas.
El exintendente pidió además a sus seguidores que no se concentren frente al Palacio de Justicia durante las audiencias para evitar cualquier interpretación de presión sobre las juezas del Tribunal.
“No tengo nada que esconder”, afirmó al solicitar que el proceso continúe sin manifestaciones frente al edificio judicial.
¿Cuáles son las otras causas judiciales contra Miguel Prieto?
Además del caso Tía Chela, Prieto enfrenta otros expedientes que permanecen en distintas etapas procesales dentro del sistema judicial paraguayo.
Las principales investigaciones son:
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Caso Tía Chela: supuesto perjuicio de G. 2.949.650.000 por la compra de alimentos durante la pandemia.
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Caso Tajy: acusación por presunta lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, con un perjuicio atribuido de G. 306.188.500 por un pago irregular relacionado con mercaderías inexistentes.
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Caso Consejo Local de Salud: imputación por supuesta lesión de confianza por aproximadamente G. 757 millones, vinculada a presuntas sobrefacturaciones en obras del Hospital Regional de Ciudad del Este.
En el último expediente también figura entre los imputados el diputado Walter García, quien cuenta con inmunidad parlamentaria.
De los procesos abiertos, el caso Tía Chela y el caso Tajy son los que ya avanzaron hacia juicio oral.
¿Qué impacto político tiene el juicio para la oposición?
El inicio del juicio ocurre en un momento de reorganización del escenario opositor con miras a las elecciones generales de 2028. Prieto es uno de los dirigentes con mayor proyección electoral fuera de los partidos tradicionales y ha sido mencionado como potencial candidato presidencial.
El proceso judicial añade un componente institucional a ese escenario porque una eventual condena —si existiera una sentencia firme en el futuro— podría tener consecuencias sobre sus derechos políticos. No obstante, el juicio recién inicia y el Tribunal deberá analizar las pruebas antes de emitir una decisión.
También coincide con conversaciones dentro de la oposición sobre posibles alianzas entre distintos sectores políticos. Prieto evitó pronunciarse sobre eventuales candidaturas de Kattya González o Ricardo Estigarribia, afirmando que su prioridad inmediata es enfrentar el juicio.
¿Qué debe demostrar la Fiscalía durante el juicio oral?
En esta etapa procesal, la carga de probar la acusación corresponde al Ministerio Público. El Tribunal de Sentencia deberá valorar si las evidencias permiten acreditar la existencia de hechos punibles y la responsabilidad penal de cada acusado.
El juicio puede extenderse durante varios meses, dependiendo de la cantidad de pruebas y testigos admitidos por el Tribunal. Prieto sostuvo que el proceso podría durar entre seis meses y un año, aunque el calendario definitivo dependerá de la programación judicial.
La defensa buscará demostrar que las contrataciones cuestionadas se realizaron dentro del marco legal vigente durante la emergencia sanitaria y que no existió perjuicio patrimonial atribuible al exintendente.
¿Qué está en juego para el sistema judicial paraguayo?
El juicio oral trasciende la situación individual de Miguel Prieto porque pone a prueba la capacidad del sistema judicial para resolver un caso de alta exposición política bajo criterios de debido proceso y publicidad.
La causa involucra decisiones tomadas durante la pandemia, un período en el que múltiples instituciones públicas recurrieron a procedimientos excepcionales de contratación. Por ello, la resolución del Tribunal será observada tanto por actores políticos como por organizaciones dedicadas al monitoreo de transparencia y gestión pública.
El desarrollo del juicio también será un indicador sobre los tiempos de la justicia paraguaya en causas de presunta corrupción administrativa y sobre la forma en que el Poder Judicial procesa expedientes con impacto electoral e institucional.
