El pasado miércoles 5 de mayo, el Ejecutivo presentó un proyecto de ley denominado “De Emergencia Sanitaria por la pandemia de Covid-19” al Congreso Nacional.
El documento es blanco de críticas debido a algunas medidas consideradas arbitrarias por varios expertos de las leyes.
Además de esto, resultó llamativo que el mismo Hugo Velázquez, vicepresidente de la República, fuera una de las últimas personas en enterarse del documento. Ya que cabe destacar que una de las principales funciones es ser nexo entre el legislativo y el Ejecutivo para lograr la aprobación de sus proyectos de ley.
Incluso, el propio Velázquez advirtió que algunos puntos del documento son arbitrarias, saliendo con esto en contra de su compañero en el Ejecutivo.
Hugo Estigarribia, ex senador y abogado, explica que los proyectos de ley son encargos del presidente para su vicepresidente. Ya que este último tiene la misión de hacer un buen relacionamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo.
“Las palabras de Velázquez revelan primero una falta de sintonía en un trabajo interinstitucional. Y además empieza a desmarcarse. El vicepresidente opina correctamente, el proyecto es un adefesio jurídico porque viola varios artículos de la Constitución Nacional”, cuestionó
ASPIRACIONES
Es de público conocimiento que Velázquez aspira a la presidencia en el 2023. Por el movimiento Añeteté. Debido a este contexto, Estigarribia explica que lo que busca el vicepresidente es desmarcarse de un Abdo, cuya imagen está en constante desgaste.
“Se aleja de situaciones que no son simpáticas a la ciudadanía. Está haciendo su juego político de desmarcarse que es normal en el Ejecutivo”, señaló.
Para el exsenador, Velázquez se adelanta en este alejamiento debido a la imagen muy desgastada del mandatario. Atendiendo que el mismo vicepresidente goza también de muchos cuestionamientos.
CANDIDATO NO POTABLE
Estigarribia explica que si bien Velázquez aspira al Ejecutivo, su figura no goza de mucha popularidad. Esto por los antecedentes que registra como responsable directo del Acta bilateral secreta de Itaipú. Además de supuestos vínculos con integrantes del Hezbolá.
“Tiene un buen radio de acción. Ha operado bien en Diputados. Pero no sé si sea un candidato potable. Es un buen operador político, se mueve bien en la carpa partidaria y otros temas para sus intereses. Probablemente no para la ciudadanía, pero no le veo con un perfil nacional por la resistencia que tiene”, explicó.
NINGUNEOS
El entrevistado fue asesor de Luis Castiglioni, durante su cargo como vicepresidente de Nicanor Duarte Frutos (2003 – 2008). Por ello resalta que la figura del vicepresidente siempre es ninguneada por los presidentes, sin importar el periodo.
Y considera que esto molestó también a Velázquez.
“Demuestra una falta de buen trabajo entre las autoridades principales del Ejecutivo”, señaló finalmente.
DECLARACIONES
Hugo Velázquez, vicepresidente de la República, informó que el jefe de gabinete le pide que presente el proyecto de ley. Sin embargo, él desconocía los puntos resaltantes. A esto se suma que la misma prensa ya tenía el documento y ya estaba siendo objeto de críticas.
“De momento que se filtró dije que yo ya no me hago responsable. Cuando uno presente debe sostener los puntos de vista. Sin embargo vi que tenía muchas críticas. Y en el
Congreso se debería modificar algunas cosas que están mal”, explicó durante una entrevista para la 730 AM el pasado viernes.
Señaló que de igual manera no ve una “mala fe” por parte del entorno de Abdo al no habérselo comunicado previamente, antes de que el documento llegue a la prensa.
DICTATORIALES
Para el segundo del Ejecutivo, la aplicación de penas carcelarias es inconstitucional. Ya que una ley administrativa no puede suplir al Código Penal.
“Si se puede establecer sanciones de carácter administrativo. Todas las instituciones pueden establecer penas administrativas pero no penas”, explicó.
Velázquez desconoce quién fue el autor del documento. Además señaló que se tomará el tiempo necesario para analizarlo. Y si encuentra irregularidades, él mismo las sugerirá al Congreso.
PUNTOS CONFLICTIVOS
El artículo 23 del proyecto de ley es el más cuestionado. Hay se establecen penas de cárcel de hace cinco años o multa, para las personas que incurran en inmunizaciones irregulares. Según abogados, sólo pueden aplicarse sanciones administrativas para estos casos.
