En el pleito judicial contra la empresa TDP S.A de propiedad de Juan Carlos Wasmosy, la fiscala Gonzalez presenta pruebas como el caso de un decreto 1860/21 que fue usado por la empresa para evitar el pago de 52 mil millones de guaraníes o más de 7 millones de dólares al fisco.
Esta alta suma dejó de percibir por aportes establecidos en la ley sostenidos en un documento que se declara como perdido. El decreto, que nadie conoce ni encuentra en la numeración correlativa, tuvo que haber existido para que la empresa concesionaria de la quiniela la usara para evadir el pago de un tributo que le reclama ahora la Secretaría de Estado de Tributación.
Ese monto entre otras cosas debería servir para el pago a los ex combatientes de la guerra del Chaco. Lo que parece ser una cuestión de pillería criolla sin embargo tiene un impacto enorme en un Estado que reconoce grandes déficits en su manejo presupuestario al tiempo de demostrar el manejo desprolijo y corrupto de los documentos del Estado.
El decreto fantasma desaparecido de la Gaceta Oficial pero encontrado en una publicación privada que recoge los documentos oficiales sirvió para que la empresa TDP S.A fuera concesionada con la quiniela hasta diciembre de 2025. Sin embargo si se comprueba como lo arrima al juicio la Fiscala Gonzalez no solo debería serle cancelada la concesión, obligada a pagar todo lo adeudado y afrontar las sanciones penales a los autores y cómplices de este esquema delictivo que privó al Estado paraguayo de una suma considerable de ingresos.
Si se investigara más a fondo podrían surgir complicidades del más alto nivel del Ejecutivo para favorecer a la empresa en cuestión lo que conlleva acciones altamente gravosas contra sus responsables. El decreto fantasma encontrado en los archivos de una empresa privada está firmado por el Presidente Abdo y su hermano el entonces ministro de hacienda Benigno López.
El mismo favoreció claramente a la empresa TDP que lo usó como argumento para evitar pagar el monto establecido en la ley. Esta circunstancia demuestra a la vez el nivel de complicidad de los miembros de la Conajzar que no han velado por los intereses de la Nación y su comportamiento altamente sospechoso también los vuelve cómplices de los hechos denunciados. La actual titular era la asesora jurídica en el momento de la concesión claramente fraudulenta.
Sospechosos de alto nivel
El decreto perdido, extraviado, usado o desaparecido 1860/21 claramente parece haber sido redactado para un uso que permitía evadir el pago de un tributo y demostraría que desde dentro del propio Estado paraguayo operan sectores que buscan perjudicar y privandolo de recursos que tienen objetivos muy nobles y claros como el aporte a los ex combatientes de la guerra del Chaco.
El trámite judicial en curso se sigue con mucho interés ya que tendría derivaciones insospechadas en un país donde varias figuras políticas aparecen calificadas como significativamente corruptas y dónde hechos de este tipo impiden alcanzar el grado de inversión que podría significar un gran desarrollo para el país.
El decreto fantasma se usó para que una empresa no pagara más de 7 millones de dólares al fisco y parece ser que desde la cúpula del Estado estuvieron coludidos para dicho propósito. El juicio se tramita ahora en los tribunales paraguayos.
