España tiene en su deber -en su adeudo- con la historia ser uno de los destinos más importantes de Europa para trata de personas. Se estima que 45.000 mujeres y niñas, aproximadamente, son víctimas de esta calamidad, un problema global que afecta a casi dos millones de seres humanos en todo el planeta que, en la actualidad, son objeto de comercialización, de compra y venta, principalmente de servicios sexuales, pero también de órganos y beneficios reproductivos, incluso también de situaciones laborales en condiciones modernas de esclavitud.
Esta lacra no hace distinción de sexos, afecta tanto a hombres como a mujeres, a niños y niñas, que son objeto de trata, servidumbre, explotación, sometimiento y esclavitud. Una catástrofe, una epidemia inaceptable. Desde todos los males que hay en el mundo, es, sin duda, uno de los más graves, lamentables e inadmisibles, porque supone una actividad esencialmente deshumanizadora con enormes efectos destructivos, muchas veces irreparables. Esta problemática ha sido calificada por el Papa Francisco de “atroz flagelo y plaga aberrante, un fenómeno mundial que sobrepasa las competencias de una sola comunidad o nación y que necesita una movilización global”.
Por eso celebramos aquí la reciente detención en España de una banda que presuntamente se dedicaba a la explotación laboral y sexual de mujeres gracias a la colaboración entre las autoridades nacionales y españolas, que desde el pasado mes de noviembre lideraron un exitoso ejercicio de cooperación internacional.
Felicitamos a todos los miembros de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Trata de Personas del Ministerio Público, a la fiscal Natalia Acevedo y a los agentes de la policía española que lograron liberar a 19 personas, de nacionalidad paraguaya y hondureña, principalmente, el pasado 13 de enero en las localidades de Murcia y Toledo.