Comentario 3×3
Por Benjamín Fernández Bogado
La imputación y el pedido de prisión domiciliaria para la activista social y abogada Esther Roa por parte de la Fiscalía, deja un peligroso precedente en el país, un decreto del Ejecutivo que establece el no aglomerarse en tiempos de cuarentena no puede convertirse en un recurso criminal en manos de fiscales que están acusando a una activista por el solo hecho de haber convocado a una manifestación en automóviles por la Costanera la pasada semana, y por haber cuestionado a la titular del Ministerio Público en diferentes circunstancias.
Si penalizamos las protestas y cualquiera que se anime a levantar la voz puede terminar siendo imputado y con prisión domiciliaria, lo que estamos justificando es plenamente el informe de esta semana desde Washington han dicho que en Paraguay no existe ni voluntad, ni compromiso de luchar contra la corrupción, y los organismos institucionales encargados de este propósito están altamente politizados o sencillamente no tienen voluntad de encontrar una respuesta a la alevosa situación en la que vivimos los paraguayos en impunidad.
