Comentario 3×3
Por Benjamín Fernández Bogado
La mayoría de la Cámara de Diputados, más del 50% de sus miembros, le dijeron a la población paraguaya: “no nos interesa lo que ustedes quieran saber en torno a nuestros bienes y menos si mentimos en nuestra declaración ante la Contraloría General de la República”.
Nunca antes tan pocos se habían animado a tanto, y esta es una situación grave porque se pasan por encima mandatos constitucionales como el Artículo 28, la Ley de Acceso a la Información Pública del año 2014, y fundamentalmente se dice del mensaje a la gente: “nosotros somos sus mandantes, no ustedes, y nosotros cuando queramos les daremos a conocer acerca de qué es lo que tenemos, con qué llegamos a la política y con qué salimos, si alguien quiere saber en términos particulares de nuestra declaración de bienes pues tendrá que hacerlo vía un juez, no es que tendrá que estar colgada la información en la web, y si además mentimos en dicha declaración no tiene penalización”.
Este debe ser el único caso en la historia de un país donde se establece una cuestión de falta grave como no penalizable, o sea, se convierte a la mentira en un factor que no tiene ningún costo penal en el Paraguay, estos diputados que conforman la mayoría en la Cámara Baja, nunca tan bien referenciada en su adjetivo, están integrados mayoritariamente por Colorados y Liberales, ahora pasa al presidente que solo tiene dos opciones, o veta este proyecto genocida de la democracia o se hace cómplice convirtiéndolo en ley. Veremos que acontece, lo que pasó ayer sencillamente nos dice en su mensaje: “No nos importa lo que piensen, nosotros aquí hacemos lo que nos da la gana”.
