La falta de predisposición estatal a la hora de establecer políticas de protección en contra de los desalojos forzosos se agudizó durante el 2021, cuando unas 5.000 personas de comunidades campesinas e indígenas, así como de asentamientos urbanos, fueron desalojadas de manera forzosa, sin ninguna alternativa que les garanticen sus derechos humanos, expuso la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy).
Los desalojos se registraron principalmente en departamentos de mayor impacto del agronegocio como San Pedro, Alto Paraná, Canindeyú, Caazapá y Caaguazú. La Codehupy señaló que algunas características agravantes de estos desalojos fueron que varios de estos procedimientos se realizaron sin orden judicial y con la participación de guardias privados y civiles armados, cuya intervención no es investigada por la Fiscalía.
Para exponer dicha realidad, la Codehupy solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una audiencia en la que expondrá los desalojos forzosos en Paraguay. Durante el evento, representantes de organizaciones campesinas e indígenas, junto con abogados de la Codehupy, se reunirán hoy a las 15:00 en el salón Asunción del Hotel Guaraní con el propósito de dar a conocer la problemática.
“El hecho que estemos acudiendo a una instancia internacional para hablar sobre un problema de derechos humanos tiene que ver en gran medida con que el estado ha sido hasta ahora renuente a tener cualquier tipo de política de protección de las personas en contra de los desalojos forzosos. Por el contrario, ha favorecido la continuidad de estas prácticas, que se agravaron durante el 2021”, indicó Oscar Ayala, secretario ejecutivo de la Codehupy.
En esta misma línea, Ayala detalló que se evidenció la existencia de una política “regresiva” en materia agraria. “Hay una clara impronta estatal que busca dejar de lado sus obligaciones en materia de reforma agraria y restitución de tierras indígenas, favoreciendo el desalojo y el desplazamiento de estas comunidades para la expansión del agronegocio”, comentó.
El secretario ejecutivo de la Codehupy señaló además que, como resultado de la falta de protección del Estado, las comunidades ya no tienen las garantías para retornar a su tierra.
“Eso termina derivando en este proceso de migración urbana rural que, más que una migración regular, puede ser caracterizado como un desplazamiento forzoso, que es producto de esta política de desalojos masivos y sistemáticos a lo largo los últimos años”, refirió.
Tras la audiencia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la organización aguarda que se formulen recomendaciones “muy precisas” que el Estado deberá implementar para acabar con la política regresiva.
“Sobre esta base y la apertura del Gobierno para dialogar queremos conversar sobre las posibles acciones que el Estado está obligado a aprender para frenar esta situación absolutamente irracional”, expresó.
Entre los mencionados planteamientos que deben ser implementados con urgencia se destaca la derogación de la ley “Zavala-Riera”.
“Es una insensatez parlamentaria. Tiene que haber una política clara de aseguramiento de los diferentes asentamientos que están en condiciones irregulares y que albergan a familias. Estas tienen el pleno derecho a acceder también a su propiedad, ya sea individual o colectiva como en el caso d las comunidades indígenas”, concluyó.
Oscar Ayala, secretario ejecutivo de la Codehupy.
