Secretario General del Comité Central del Partido Comunista Paraguayo
Ayer, la Cámara de Diputados coincidió con la de Senadores y aprobó la ley que contempla el conjunto de medidas presentadas por Mario Abdo, para enfrentar la crisis profundizada por esta pandemia del covid-19.
Como era de esperar, el Gobierno del fraude al servicio de las patronales, administrando un Estado dominado por las mafias y los capitales monopolistas, adopta medidas con prioridad para quienes representa. Y para lograr su objetivo, plantea la utilización de millonarios fondos de manera discrecional.
Resulta que, de los tres poderes que tiene el Estado, dos de ellos (Legislativo y Judicial) tienen un carácter colegiado, claro que con total o hegemónica representación para los ricos y no para los pobres. Pero lo cierto es que deben resolver la adopción de medidas, de manera colegiada, debatiendo, buscando consenso o resolviendo por el sistema democrático de mayorías y minorías. Y el Poder Ejecutivo es el único poder unipersonal, en el que las decisiones, en última instancia las toma una sola persona: el Presidente de la República.
El Poder Legislativo, entregó el total poder para el manejo de fondos a una sola persona, sin proponer la conformación de una instancia dotada de la confianza por capacidad y transparencia, para controlar el ordenamiento y la ejecución de inversiones y gastos, más que una débil agrupación de tres legisladores por cada Cámara.
Entonces, una sola persona resolverá cómo repartir el dinero para enfrentar esta crisis. Y como esa persona es Mario Abdo, un tipo fraudulentamente millonario, ejercitado en el saqueo y la corrupción, desde su familia y todo el entorno stronista en el que se “educó”, además de títere del capital monopolista liderado por los EEUU, podemos entender que la línea central es de aprovechar la crisis para generar ganancias a los bancos, con una política de endeudamiento del Estado, de 1.600 millones de dólares, lo cual elevará la deuda a más de 8.800 millones de dólares, superando las reservas internacionales declaradas a diciembre de 2019, que ascendían a 8.400 millones de esa misma moneda.
Además, propone recortes de derechos adquiridos por el funcionariado público, como son las bonificaciones familiares, por vacaciones y también el ajuste salarial a docentes, cuando la gran mayoría del funcionariado tiene salarios bajísimos que se compensan con estos derechos.
También, este momento permite operar en favor de las privatizaciones, por lo que el plan contempla la reprogramación de inversiones de capital en favor de gastos corrientes, lo cual fortalece el debilitamiento de la modernización de servicios como la ANDE, favoreciendo su deficiencia y el consecuente desarrollo de una opinión pública que respalde la privatización del servicio de electricidad, por ejemplo.
El subsidio a trabajadores en situación de informalidad es miserable, al igual que el programa de “seguridad alimentaria”, lo cual demuestra de manera agresiva, el carácter clasista del Estado y de la actual administración gubernamental.
Y el gobierno tampoco plantea el necesario y riguroso control de precios de alimentos y medicinas, cuando en el mundo el precio del petróleo ha disminuido y en consecuencia el combustible está más barato, lo que -¡Más aún!- en tiempos de crisis, debería resumirse en precios más baratos, atendiendo lo determinante del combustible y el transporte, a la hora de fijarlos. Pero no, ni el transporte público, ni los alimentos ni los medicamentos están más baratos. Es más, han subido los precios y en algunos casos de manera estrepitosa.
A esta situación se suman los despidos de trabajadores, la ausencia de cuidados para la salud de los mismos en fábricas y maquilas, mostrando esa desprotección hacia las mayorías trabajadoras, que son las que van a pagar las deudas generadas para multiplicar las ganancias de los monopolios, sobre todo los bancarios que, tan solo en el 2019, tuvieron una ganancia neta de 464 millones de dólares.
De modo que, en estos momentos la dictadura del capital, a escala mundial y, en el caso nuestro con las particularidades paraguayas, nos golpea sin piedad y no demuestra intenciones de construir políticas públicas con prioridad en los sectores más carenciados.
Este año se cumplen 200 años del nacimiento de Federico Engels, y 150 años del nacimiento de Lenin, ambos grandes practicantes y teóricos de la revolución socialista y de la construcción del comunismo. Lenin, en su libro “El Estado y la Revolución”, citó frecuentemente los aportes de Engels a propósito del Estado, provenientes de su libro “Los orígenes de la familia, la propiedad privada y el Estado” y de otros escritos, entre ellos intercambios de cartas con otros teóricos.
Resulta que tanto Engels como Lenin, al igual que Marx, entienden que el Estado es una estructura creada por una clase que logró someter a otra, para continuar su dominio. Y entonces, se vale de la educación, la cultural, la comunicación, la información, la formulación de tradiciones, para lograr que su dominación sea lo menos sangrienta posible. Pero el centro de gravedad sin el cual todo Estado cae, es su fuerza de coerción y destrucción física. Policías, militares y cárceles se constituyen en los pilares para defender las posiciones de poder de una clase sobre otra.
Por eso es iluso pensar en un Estado para todas y todos, para cada habitante. Engels y Lenin insistieron en que mientras haya Estado habrá represión y las libertades serán limitadas de acuerdo a las tensiones entre explotadores y explotados. La diferencia fundamental entre un Estado capitalista y otro socialista es que, en el capitalismo, el Estado somete a la mayoría trabajadora, y en el socialismo somete a la minoría explotadora. El Estado en el socialismo es más justo pero no resuelve el problema de la represión y las libertades. Nosotros entendemos que la superación de la explotación de un ser humano por otro ser humano, y la consecuente extinción del Estado, es la única forma de construir la libre asociación de mujeres y hombres para la producción y reproducción de sus vidas.
Porque fijémonos en el peligroso caso paraguayo, la catastrófica situación de la salud pública y la escandalosa informalidad del 71% de la Población Económicamente Activa, con un escuálido 17% de trabajadoras y trabajadores con cobertura en seguridad social, son la expresión concreta del grado de vulnerabilidad que genera un Estado con la liberalización económica que, en el 2016 llegó al 84%, frente a un promedio del 55% en la región. Somos una población vulnerable y descuidada como consecuencia del proyecto de poder de los monopolios imperialistas, asociados a los delincuentes locales que explotan con total indiferencia a millones de trabajadores, como también depredan las riquezas naturales de este territorio cada vez menos nuestro y más extraño.
La denuncia, la solidaridad, la unidad, el debate, la firmeza en la defensa de nuestros derechos, las exigencias para que se respeten los derechos laborales con inteligencia y mucha valentía, son nuestras armas para no terminar pagando los costos de esta crisis, cuando la misma es producto de la glotonería obscena de las minorías explotadoras.
El peso de las mayorías trabajadoras con plena consciencia de su rol y su fuerza en este momento de la historia es lo que puede superar esta crisis. Y la capacidad de ingenio e inteligencia colectiva de la humanidad y de quienes habitamos el Paraguay, me siguen dando confianza y esperanza en la futura sociedad de mujeres y hombres libres.
