Se van definiendo las ternas de candidatos a Contralor General de la República, que la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Senadores debe presentar a más tardar a inicios de setiembre, y la definición se genera con la decisión mayoritaria del parlamento.
Por lo menos en los últimos 15 años la Contraloría General de la República ha sido cupo de opositores, en su mayoría liberal, teniendo siempre a un contralor a fin a ese partido, hasta la llegada de Camilo Benítez, quien ya contaría con apoyo del vicepresidente Hugo Velázquez, según fuentes cercanas por su relación que data de la facultad de derecho.
Se rumorea que el actual contralor es candidato de Hugo Velázquez con miras a la presidencia 2023 ya que la contraloría es clave para controlar a los intendentes, gobernadores y otros organismos del estado.
Bajo su gestión fueron emitidos más de 4.500 informes sobre auditorías, reportes de indicios de hechos punibles, rendición de cuentas, respuestas a solicitudes de acceso a la información pública entre otros.
Este número supera ampliamente el trabajo incluso de las dos últimas autoridades que ocuparon el cargo. Lo que sí se viene cuestionando es el “blanqueamiento” en la Gobernación de Central y del porqué posiblemente llevaron el informe conclusivo después de las elecciones del contralor, que se busca con esto es la pregunta.
El reporte de indicios de hechos punibles que fueron remitidos al Ministerio Público para la investigación pertinente en el ejercicio 2020 significó la posibilidad de visibilizar más de G. 42 mil millones que pudieron ser utilizados de manera indebida.
En lo que va del año 2021 estos reportes significan poner bajo la lupa más de G. 400 mil millones que de probarse hechos punibles vinculados a los desembolsos y uso de estos bienes, se podrían lograr condenas ejemplares y la recuperación de dichos fondos.
Cabe destacar que en los últimos dos años la mayor cantidad de denuncias tenían relación al uso del dinero proveniente del FONACIDE, que como sabes está en manos de gobiernos departamentales y municipales, y que debe ser distribuido en el presupuesto local para mejorar la educación.
Este punto es clave ya que las herramientas que buscan transparentar la administración pública permiten reconocer cuando se realizó un uso indebido de los fondos públicos que deberían ser invertidos en cuestiones tan delicadas y necesarias como lo son la educación, la salud y el desarrollo de la comunidad.
El nuevo Contralor General de la República será elegido para el periodo 2021-2026, además de Camilo Benítez, los nombres que suenan en los pasillos del congreso son: Rolando Daniel Martínez, Óscar Enrique Rolón Centurión, María Eugenia Sánchez, Cristhian Cáceres y Fabio Almada Duarte. Camilo Benítez denunció una deuda espuria de Paraguay con Itaipú por unos US $4.000 millones, volviéndose muy impopular con varios sectores dentro del congreso.
De todas maneras es algo que volvió a poner sobre la mesa la necesidad de trabajar con un grupo de figuras que no solo manejen los términos y estrategias de negociación vinculada con la hidroeléctrica para el 2023, sino también que sea un grupo de notables que generen la suficiente confianza para ser quienes velen por los intereses de todos los paraguayos.
La Contraloría General de la República finalmente es la que permite con independencia (o por lo menos ese es el espíritu) lograr generar un primer camino de transparencia y contacto con la ciudadanía, y los funcionarios de todas las instituciones para auditar el uso de los bienes públicos, si bien no tiene poder punitivo, son sus informes y reportes los que se usan para respaldar las denuncias y los procesos.
