Édgar Acosta, diputado nacional por el PLRA (Partido Liberal), fue uno de los legisladores que analizó la denuncia que pesa sobre Hugo Javier González, gobernador de Central.
Lamentó el poco interés que demostró la Fiscalía. A pesar de todos los elementos con que se contaba del caso ya hace tiempo atrás.
“El que piense que en nuestro país que el actuar del Ministerio Público es objetivo e imparcial, realmente no conoce el trabajo de este organismo tan importante para nuestro país. En los últimos tiempos fue parcialista”, lamentó.
Pidió a la ciudadanía no seguir permitiendo esta cuestión. Recordó el caso Efraín Alegre, donde la fiscalía se mostró brutal sobre un caso similar de facturas falsas.
“Todo el Ministerio Público debería demostrar que es representante de la sociedad. Para condenar que un gobernador entrega dinero a una oenegé y no controla como se gasta. Si hubiera sido alguien no afín a cierto movimiento político que acompaña a la Fiscalía otra hubiera sido la respuesta”, cuestionó.
Sostuvo que a los opositores les duele el ensañamiento de la Justicia.
“Queremos que sea aplique lo que establece el Código Penal. Que midan a todos con la misma vara. Hugo Javier llegó tras al fanatismo. Esto tiene que terminar. Este 10 de octubre se debe votar a la gente decente del país”, expresó.
CONTEXTO
La Contraloría General de la República, la Secretaría Nacional Anticorrupción y la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) realizaron una conferencia de prensa en la mañana del jueves pasado. En la ocasión, anunciaron que pidieron al Ministerio Público intervenir a la Gobernación de Central administrada por Hugo Javier González.
El contexto es el siguiente; en octubre del año pasado, dicha gobernación recibió US$ 1 millón (casi G. 6400 millones) para mitigar el impacto de la pandemia en la región. El ente público a su vez destinó G. 5105 millones de esos recursos para contratar a una ONG de nombre Centro Integral de Apoyo (CIAP) en febrero pasado.
Los G. 1.276 millones restantes fueron al Consejo Regional de Salud. Las irregularidades solo se registran en la primera entrega.
Sin embargo, durante la rendición de cuentas, la Gobernación presentó unas facturas y la CIAP otras distintas para justificar los gastos. Esto da el punta pie a pensar que se malversaron los fondos según explicó Óscar Orué, subsecretario de la SET.
ROA
Esther Roa, presidenta de la Coordinadora de Abogados del Paraguay (Coapy), señaló que teme que el caso quede en la impunidad. Atendiendo otras denuncias a políticos que quedaron en lo mismo.
“La incapacidad del Ministerio Público para enfrentar investigaciones por corrupción pública está a la vista. No se tendría que esperar que un órgano extrapoder como la Contraloría o la Senac investiguen algo que hace tiempo se denuncia en la prensa”, expresó.
Roa participó el pasado viernes de la primera mesa de trabajo con la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción. En ese sentido adelantó que pondrán a todos los casos de corrupción que involucren a municipalidades y gobernaciones en especial énfasis.
“Esto quiere decir que a partir de las denuncias que ingresan pediremos al Ministerio Público que rinda cuentas de las investigaciones. Cuando van a imputar y cuando van a acusar. Este es un hecho más, no un hecho aislado. Paraguay es saqueado por 17 gobernaciones y 251 municipios”, culminó.
