La unidad N° 4 en lo penal del Ministerio Público, encabezada por la fiscal Elena Fiore formuló acusación y solicitó apertura de juicio oral y público en la causa Nª 7835/2022 que implica a Celio Ramón Ortíz Gullón, Tamara Serrati y Alejandro Pozo por presunta estafa de US$ 650.000 a la compañía La Paraguaya SA.
Serrati y Pozo son altos funcionarios de la multinacional Cargill en nuestro país y figuran como responsables de no cumplir con el pago de 1.700 toneladas de soja en grano entregadas a la compañía.
A finales de abril, el juez de Garantías en lo Penal de la Capital, Miguel Ángel Palacios Méndez dispuso la suspensión de prisión preventiva de Tamara Serrati y Alejandro Pozzo, altos ejecutivos de la firma estadounidense en Paraguay.
Esto fue posible gracias a la garantía de inmuebles valuados en 1.500 millones de guaraníes en carácter cuación. Los imputados además deben presentarse ante el juzgado antes del 5 de cada mes a partir de mayo; se los prohíbe salida del país sin autorización del juzgado en cuestión, como así también el cambio de domicilio.
El ministerio Público encontró elementos suficientes para formular imputación a Tamara Serrati, apoderada de Cargill en nuestro país, Alejandro Pozzo, encargado del área comercial de la misma compañía y Celio Ortíz, de la firma Ágape, a quien también se le impuso medidas sustitutivas a la prisión.
ANTECEDENTES
Se trata de una causa denunciada por la empresa de agronegocios La Paraguaya SA que entregó cargamentos de soja a la multinacional Cargill a través de una operación con otra empresa, es este caso Ágape, que pese a estar quebrada seguía operando en un esquema comercial llamativo con Cargill.
Ejecutivos de La Paraguaya, habían acercado copias de contrato y otros documentos supuestamente incumplidos por parte de la multinacional Cargill y que guardan relación con la entrega de granos a este medio.
La Paraguaya trabaja con el rubro transporte de soja y había recibido un pedido de otra empresa acopiado AGAPE por alrededor de 650 mil dólares, correspondiente a 1.700 toneladas de soja en grano.
La firma analizó la situación crediticia de Ágape para respaldar la operación ya que no estaba en condiciones. Esa garantía fue un documento de mandato de pago expedido desde Cargill, explicó la fiscala Elena Fiore en su momento.
El caso lleva más de dos años sin resolverse en esfera judicial, mientras la empresa afectada recurre a sus reservas para seguir operando.
VERSIÓN CARGILL
Desde la oficina regional de la multinacional, habían señalado que Cargill Agropecuaria S.A.C.I. no puede responder por un contrato del cual no formó parte.
La instrucción de Agape S.A., a través de un mandato irrevocable de pago, a Cargill Agropecuaria S.A.C.I. indicaba pagar a La Paraguaya S.A. siempre y cuando se haya cubierto la totalidad de la deuda que Agape S.A. tenía con Cargill Agropecuaria S.A.C.I., cosa que nunca ocurrió. Todo esto consta en la carpeta fiscal, sostienen.
