Ricardo Meyer, candidato a diputado por la Alianza, lleva adelante la junta de firmas para lograr la suspensión del estacionamiento tarifado, hasta que se tenga un transporte público eficiente.
Ya llevan casi 7000 y necesitan 8970 para que el pedido se transforme en ordenanza y los concejales de Asunción se vean obligados a tratar.
“Nuestra iniciativa popular es presentar una ordenanza donde se suspenda el estacionamiento tarifado hasta que tengamos un sistema de transporte público eficiente. Porque sin ella no tiene ningún sentido”, manifestó.
El político realizó un análisis en redes sociales sobre las ganancias que tendrá la empresa concesionaria, una vez se implemente el servicio.
Afirmó que haciendo un cálculo rápido, se trata de 9.000 lugares, si se tiene un 70% de ocupación solo en horario diurno (más de 6.500 estacionamientos), esto representará como ingresos US$ 1 millón por mes, US$ 12 millones al año y US$ 180 millones en 15 años.
Cuestionó que el estacionamiento tarifado no va a resolver el problema del tránsito ya que al privatizar esto, lo que buscará la empresa tercerizada es meter la máxima cantidad de vehículos a la capital.
“El objetivo era evitar el uso de vehículos en zonas conflictivas. Sin embargo, al privatizar, cuando más vehículos entren más dinero va a ganar la empresa que presta el servicio. El municipio tiene que pensar en los ciudadanos y dar soluciones a nivel general. Esa es la cuestión de fondo”, comentó finalmente.
ROLÓN LUNA
Jorge Rolón Luna, abogado, expresó que en primer lugar, cree que desde la ciudadanía cuestionó la aplicación del contrato, puso en una situación incómoda a algo que la comuna quería hacerlo a gran velocidad.
“Por otro lado, me parece absurdo que la municipalidad, a través del intendente y sus funcionarios, digan que ahora van a controlar el contrato que ya firmaron. Esos controles y verificaciones se hacen antes y no después. Quiere decir que se hacen antes del hecho. ¿Cómo van a controlar después? Todo indica que algo se cocinó y sienten temor de responder por responsabilidades penales”, manifestó.
Unas publicaciones periodísticas refieren que a fines de febrero, se produjo una venta irregular de acciones dentro del Consorcio. Ante esto, Rolón Luna comenta que para él, se confirma con ello, que todo se trata de un negociado de sectores empresariales vinculados al poder político municipal.
