Este martes, en sesión extraordinaria, la Cámara de Senadores tratará el PGN 2023.
Entre el 2002 y 2003, el Paraguay llevaba 20 años de estancamiento económico, la pobreza alcanzaba casi el 50%, el Estado se encontraba prácticamente en un estado de insolvencia por la incapacidad de pagar sus cuentas. En el 2003 asume el nuevo Gobierno y se firma un pacto entre el Ejecutivo, Legislativo y el sector empresarial para así impulsar una serie de reformas, que incluía la reducción de tasas impositivas y la mejora de gastos de la Administración Pública.
La primera parte se cumplió, no así la segunda. La reforma tributaria permitió destinar de los ingresos adicionales más de US$ 2.000 millones al año a gastos salariales en los últimos 20 años. Los ingresos fiscales se multiplicaron 8 veces desde el 2003 y en la misma proporción crecieron los gastos públicos. Sin embargo, la ciudadanía no ha recibido mejor salud, mejor educación, mejor seguridad ni infraestructura, ya que gran parte del aumento de estos ingresos se destinaron a gastos salariales.
La ciudadanía debe conocer mejor esta situación y actuar para cambiarla. La contribución de Desarrollo en Democracia (DENDE) a este propósito es la creación de una Unidad de Análisis del Gasto Público que permitirá proveer a la ciudadanía información oportuna y confiable sobre el uso del dinero público. Durante Plaza Pública DENDE, el economista y exministro de Hacienda, César Barreto, y el economista y exviceministro de Economía, Manuel Alarcón, explicaron el objetivo de esta nueva Unidad, bajo el contexto temático “El despilfarro en el Gasto Público y la necesidad de una ciudadanía informada y exigente”, con la moderación de Yan Speranza.
César Barreto recordó que la reforma del 2003 junto al nombramiento de técnicos al frente del Ministerio de Hacienda posibilitó al país, a lo largo de estos años, mantener un orden en la macroeconomía, una deuda pública controlada e incluso se pudo utilizar el margen de endeudamiento que tenía el país para enfrentar un choque muy fuerte como la pandemia.
Por otra parte, lamentó que la clase política no haya acompañado las reformas y por el contrario haya seguido manejando los recursos estatales con criterios no técnicos. “Yo creo que hemos fracasado, porque los niveles del gasto público en términos de montos han crecido mucho, sin embargo, el uso de esos recursos deja mucho que desear”, agregó.
Aunque la reforma del 2003 dio buenos resultados, en el año 2012 el Poder Legislativo otorgó un incremento salarial para el sector público que marcó el inicio de un periodo de déficit fiscal que hasta la fecha no puede ser revertido. Esta decisión provocó el crecimiento del gasto salarial de US$ 800 millones por año, sin que redunde en mayores beneficios para la ciudadanía.
Remarcó que las remuneraciones del sector público no pueden estar desapegadas de la economía en general, porque finalmente quienes terminan pagando esas remuneraciones son los contribuyentes.
CONTEXTO
El pasado 10 de noviembre, la Cámara de Diputados dio su aprobación general al Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) para el Ejercicio Fiscal 2023.
Los legisladores terminaron aprobando el trabajo realizado por la Comisión Bicameral de Presupuesto (CBP). Sin embargo, esto representa más aumentos salariales, contrato de personal y gastos similares.
Con esta aprobación, el PGN quedó en G. 105,30 billones (US$ 14.706 millones). Lo solicitado por el Ejecutivo, a través de Hacienda era de G. 105.18 billones (US$ 14.690 millones).
Este incremento de gastos rígidos representará un aumento de 1.300 cargos nuevos, principalmente en universidades, en la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia.
La diferencia entre lo propuesto por Hacienda y lo aprobado por la bicameral es de US$ 17 millones (alrededor de G. 120 mil millones).
