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Senado rechaza veto del Ejecutivo sobre cancelación de facturas

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Con 35 votos, el pleno de la Cámara de Senadores rechazó la objeción parcial del Poder Ejecutivo respecto a la ley que cancela y anula las facturas emitidas por la Administración Nacional de Electricidad (Ande) y la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A. (Essap) durante la cuarentena sanitaria. El documento fue remitido a la Cámara de Diputados para su análisis.

En principio el Poder Ejecutivo había prometido que presentaría una contrapropuesta a fin de que los legisladores acepten la objeción, sin embargo la Cámara Alta rechazó en su totalidad la decisión del presidente de la República, Mario Abdo Benítez.

El proyecto de ley contempla la anulación de las facturas emitidas por la ANDE y Essap durante los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto y establece también la exoneración de hasta 1.000 kwh de consumo.

Así también, prohíbe a la mencionadas instituciones emitir facturas sin que se haya realizado la lectura pertinente del medidor del usuario, siendo responsable administrativo, civil y penalmente la institución y las máximas autoridades de cada institución por los daños que pudiera ocasionar la contravención a esta norma.

Además establece que los pagos de facturas ya realizados con anterioridad a la presente Ley serán descontados automáticamente de las facturas emitidas posteriormente.

De esta manera, la última palabra la tendrán los de la Cámara Baja y en caso de que también rechacen el veto parcial, se convertirá en Ley y las facturas quedarán anuladas y tanto la Ande como la Essap deben realizar nuevas lecturas y descuentos a usuarios.

DESCALCE FINANCIERO

Cabe recordar que el presidente de la Ande, Luis Villordo, había manifestado que la institución a su cargo “sufrirá un descalce financiero muy grande” si el Ejecutivo avanza la ley que cancela y anula las facturas del consumo de energía eléctrica.

El titular de la Ande detalló que la ley conllevaría volver a refacturar los US$ 227 millones que ya se facturaron y que para hacer frente a esta situación se requerirían US$ 300 millones, monto que la institución no dispone.