Últimamente vemos barrios enteros reclamando en contra de la construcción de edificios de gran porte en barrios residenciales de Asunción, que de acuerdo al Plan Regulador permite determinada altura, pero que la Municipalidad le autoriza hasta duplicarlas, permitiendo construcciones muy elevadas, con algún artilugio disfrazado de legalidad. Así tenemos comisiones vecinales integradas por contribuyentes en largos reclamos, de años, en una lucha campal por mantener el bienestar de su familia y de sus barrios dentro del tipo de uso de suelo que ordena el plan regulador. Entendamos que la ciudadanía, cuando adquiere un inmueble donde vivir con su familia, elige un barrio de acuerdo a su actividad e invierte sus recursos para construir su bienestar familiar, es decir, es un inversor.
La otra cara de la moneda son los empresarios, que visualizan un barrio donde desarrollar un proyecto inmobiliario, una vez verificada la demanda inmobiliaria del mercado. Hacen sus consultas a la Municipalidad que tiene que autorizar o denegar el permiso en su calidad de ente administrador de la ciudad, de acuerdo al Plan Regular pre-establecido. He aquí el punto en conflicto, pues las lecturas del plan que regula la ciudad se vuelven laxas y vemos a un Ejecutivo y una Junta Municipal muy permisiva y nada rigurosa al momento de esas autorizaciones.
No perdamos de vista que ambos son inversores, tanto la inversión familiar como la inversión empresarial. Y que el plan regulador es un contrato social que debe ser respetado y cumplido a rajatabla para que cumpla su objetivo y devuelva tranquilidad a la ciudadanía y a la administración municipal. Una administración que pretenda desarrollar la ciudad, debe empezar por gestionar su plan dentro de la estricta legalidad y los cambios que se pretendan implementar deben ser dentro de una amplia consulta ciudadana pasando por referéndum barrial.
