El Ministerio Público debe abrir una investigación sobre la ruta 2-7
El viernes pasado nos ocupábamos de cómo debería ser una rotonda, un complemento vial esencial para el ordenamiento del tránsito rutero. Pero a la vista de la burda “terminación” de una de las rotondas de la ruta 2 y su continuación, la ruta 7, se puede concluir en que el apuro por presentar obras “terminadas” deja como saldo el mamarracho del que hablamos.
Nada más lejos de lo que debe ser una rotonda que ese esperpento rutero, verdadera trampa mortal como titulábamos la foto de tapa. La obra carece de terminación, es evidente que no cuenta con toda la señalización que le da sentido. Es apenas una lámina de asfalto mal terminada que no encarrila el tránsito, no guía al conductor y, por lo tanto, abre el camino a toda clase de accidentes como los que ya han ocurrido, con pérdidas de vidas, heridos y daño patrimonial.
El Ministerio de Obras Públicas no puede darse el lujo de poner en servicio rutas mal terminadas, solo por el apuro que hay en este Gobierno de presentarse como el que más rutas ha construido en la historia, etc. Las autoalabanzas son muy caras cuando se las realiza a costa de perdida de vidas por librar al uso público rutas que todavía no cuentan con todo el equipamiento que las transforma en tales.
Cada vez que el Gobierno alardea del avance de obras públicas hay que prestar atención. Allí tenemos, por ejemplo, las nuevas oficinas estatales en el ex puerto asunceno. Cuando el complejo se empezó a construir, ya advertíamos nosotros sobre el “efecto aspiradora” que va a producir cuando todas las oficinas estén en funcionamiento y miles de personas acudan a trabajar y otras miles a hacer algun tramite. Decíamos que el tránsito por el lugar se iba a multiplicar, sin que se hayan previsto lugares de estacionamiento suficientes. Es el típico modelo de “hagamos primero y después vamos viendo”. El “vamos viendo” es una de las malas costumbres de un Estado que, si planifica algo, luego se olvida de ejecutar lo planificado.
Volviendo a la rotonda de la ruta 2-7. ¿Quién paga los platos rotos, las vidas perdidas por el apuro de habilitar un tramo que no está en condiciones de ser utilizado?
Dada la gravedad de los hechos suscitados en el lugar, el Ministerio Público debe abrir una investigación sobre cómo se pudo poner en servicio una obra por completo inadecuada para los fines que debía cumplir. “
