Debido a una supuesta falta de objetividad, aparte de una serie de mentiras en sus acusaciones, el abogado defensor Jaime Gómez recusó al agente del Ministerio Público Federico Delfino. El letrado habla incluso de una justicia parcialista y poco analítica.
Jaime Gómez
En la causa de Bruno Da Costa Amaral, que es investigado por una supuesta transgresión a la ley de armas, aparte de asociación criminal, el abogado defensor del caso, Jaime Gómez, habló de un mal procedimiento por parte del fiscal a cargo. El profesional afirmó que ni siquiera se respetó el derecho a la presunción de inocencia establecido en el proceso penal.
“Desde un primer momento el fiscal supo que el procedimiento estaba errado, partió de una premisa falsa y continúa con la misma. Por eso me veo en la obligación de recusarlo porque me negaba el derecho a la defensa de esclarecer el hecho punible atribuido a mi cliente”, expresó Gómez.
De este modo, el recusante comentó que únicamente se basaron en suposiciones y ningún hecho en concreto para realizar sus acusaciones, esto sin mencionar que teniendo todos los elementos que demuestran la inocencia de Da Costa Amaral, siguen acusando al mismo.
Así también, Gómez resaltó que hace más de un año su defendido está preso de manera injusta porque ni siquiera accedieron a otorgarle prisión domiciliaria o libertad ambulatoria, teniendo en cuenta que la Fiscalía no contaba con los elementos suficientes que demuestren la culpabilidad de Da Costa Amaral.
“Soy consciente de que la Fiscalía tiene recursos muy limitados, pero eso no es causa suficiente para que la misma no haga un buen trabajo o cualquier ciudadano deba ir preso por puro antojo”, remarcó.
El abogado indicó que no es el primer caso en el cual la Fiscalía obra de una mala manera, pues en más de un caso la misma no tiene elementos de convicción en sus denuncias o realizan acusaciones solo por el hecho de acusar, continuando así una imputación sin ningún fundamento.
“La Jueza de Garantías, Rosarito Montanía, de garantía no tiene nada porque esto es una materia pendiente para la señora. Un Juez de Garantías debe velar por el cumplimiento del resguardo constitucional y el respeto hacia el debido proceso”, determinó el letrado.
EXIGENCIAS
El abogado defensor subrayó que aguardan la intervención del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados para sancionar o al menos analizar el procedimiento que se estuvo siguiendo en el caso de su cliente. Para Gómez ya se habla de una cuestión de capricho, no de objetividad, como debe prevalecer en el proceso de la Fiscalía.
“Llega un momento en que los abogados independientes nos sentimos muy vulnerables hoy en día y sufrimos el mal procedimiento de la Fiscalía. Lo más triste de todo esto es que Jueces de Garantía, como Rosarito Montanía, obren de mala fe”, exhibió.
Así también, habló de los vicios con los cuales se viene desarrollando el caso, destacando que la justicia no funciona como debería en nuestro país.
Tal es el punto que debió contratar un perito topográfico para demostrar que las coordenadas del local que se adjudica a su cliente estaban mal y no correspondían a Da Costa Amaral; sin embargo, continúa la acusación contra el mismo.
HISTORIAL
La causa en sí empezó el 24 de marzo del año pasado, luego de que la Fiscalía enviase a la Jueza de Garantías las coordenadas del allanamiento en un local comercial denominado “Caza y Pesca Rossi”, la cual supuestamente figuraba a nombre del acusado.
La dirección geográfica correspondía en realidad al local comercial «Caza y Pesca Arpoador» y desde el 2017 corresponde a otros dueños, y Da Costa Amaral no tenía nada que ver.
A pesar de ello, el fiscal del caso nunca estuvo abierto a recibir el esclarecimiento del abogado defensor, al no considerarlo pertinente.
“Simplemente quieren acusar a mi cliente y para aclarar el caso lo quieren derivar directo al juicio oral y público. Esto es un mal desempeño de las funciones y también representa una gran arbitrariedad por parte de la Fiscalía”, sentenció.
