Aunque quizá sea muy pronto para hablar del tema, es bueno ir pensando en las condiciones bajo las cuales se planifique un retorno seguro al trabajo post pandemia.
La Organización Internacional del Trabajo ha diseñado un programa de varios pasos que, en términos generales, podría ser útil a cualquier empresa, no importa su tamaño ni rubro al cual se dedique.
En primer lugar, dice la OIT, deben priorizar de común acuerdo -empleadores y empleados- la adopción de medidas de prevención y control para que “la reapertura de las empresas y el retorno a los lugares de trabajo en tiempos de COVID-19 sean seguros y saludables a fin de evitar nuevos brotes de contagios que pongan en peligro la vida de las personas y la propia estrategia de reactivación productiva y económica”.
En segundo lugar, estima la organización mundial, para que el retorno a los lugares de trabajo sea efectivamente seguro y saludable habrá que considerar “la política nacional de retorno al trabajo, el marco normativo nacional y las instrucciones emanadas de las autoridades públicas”. En este punto cabe preguntarse: ¿Tenemos en el Paraguay una “política nacional de retorno al trabajo” o, como en tantas otras cosas, “vamos viendo” sobre la marcha?
En tercer lugar, OIT recomienda “un diálogo social efectivo entre empleadores y trabajadores en la definición de las medidas preventivas a adoptar a fin de lograr, a través de la consulta y la participación, un mayor grado de cumplimiento de las acciones acordadas y una mayor cultura preventiva”. Esto quiere decir, en castellano, que las imposiciones unilaterales no tienen mayor efecto y sí las que se adoptan en consenso.
También se recomienda, como parte de esta gestión de seguridad y salud laboral, promover la mejora continua de dichas medidas a través de un monitoreo y evaluación de resultados.
Este esquema se completa, dice OIT, con “un enfoque transversal de género e inclusión en la seguridad y salud en el trabajo, que garantice un tratamiento específico a mujeres, a grupos de alto riesgo y a colectivos especialmente vulnerables, evitando conductas discriminatorias”.
La organización recomienda además que se activen las instancias destinadas a aplicar las normas de salud y seguridad en el trabajo que abarquen todos los niveles sociales.
En ese ámbito, las autoridades del trabajo juegan un papel central.
