“Paraguay debe investigar sin demora y de forma imparcial” las muertes de dos niñas durante un operativo realizado esta semana por agentes del Estado, pidió el Representante en América del Sur de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab.
Los hechos ocurrieron el pasado 2 de septiembre en una zona limítrofe entre los departamentos de Concepción y Amambay, en el marco de una acción de la Fuerza de Tarea Conjunta del Estado contra un grupo armado no estatal, conocido como Ejército del Pueblo Paraguayo.
“Se trata de un hecho gravísimo que terminó con la vida de dos niñas a quienes el Estado debía proteger, como parte de su obligación de garantizar los derechos humanos de todas las niñas, niños y adolescentes en el país”, lamentó Jarab.
El Representante afirmó que su Oficina ha recibido “información inquietante” sobre intentos por manipular evidencias de lo ocurrido, y consideró “crucial que durante la investigación se tengan en cuenta las normas internacionales de derechos humanos, particularmente el Protocolo de Minnesota”, en referencia al Manual de las Naciones Unidas sobre la Prevención e Investigación Eficaces de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias.
Jarab subrayó que la investigación debe indagar en las responsabilidades directas en el incidente, pero también en todo el nivel jerárquico involucrado en la operación, así como en la posible alteración del lugar de los hechos.
También recordó al Estado paraguayo que “la participación de personal militar en tareas de seguridad interna debe realizarse con pleno apego a las normas internacionales de derechos humanos, siempre bajo control de la autoridad civil y con los más altos estándares de transparencia y rendición de cuentas, como establece el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.
Por su parte, Paraguay emitió un comunicado diciendo que, “El Estado paraguayo lamenta profundamente el fallecimiento de dos menores de edad en el enfrentamiento producido entre la FTC y la organización criminal EPP”, informó la Cancillería Nacional.
“En el marco de las investigaciones ya iniciadas, la República del Paraguay asume la responsabilidad de agotar todas las instancias legales a fin de esclarecer los hechos”, continúa el comunicado difundido por las redes sociales del Ministerio de Relaciones Exteriores.
De igual manera, el Estado paraguayo condena la práctica de reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes en operaciones armadas y se compromete a imponer todo el peso de la Ley contra los responsables.
En un pronunciamiento hecho el viernes pasado, el ministro Federico González comunicó la postura del Gobierno de “una profunda preocupación” por este hecho y hace responsable a todos los integrantes del denominado EPP y sus cómplices por el hecho atroz de utilizar a menores de edad.
El miércoles 2 de setiembre tuvo lugar un enfrentamiento entre la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) y integrantes del grupo criminal en una zona boscosa de Yby Yaú. En el hecho fallecieron dos menores de edad que formaban parte de la comitiva del EPP; en tanto que los demás miembros aprovecharon el enfrentamiento para su huida.
El Ministerio Público ordenó la exhumación de los cuerpos, que habían sido enterrados en Concepción, y en la segunda autopsia realizada en Asunción se constató que se trata de dos niñas de 11 años.
“El Paraguay reitera que redoblará sus esfuerzos en la lucha contra todo tipo de organización criminal vinculada con la explotación y utilización de niños, niñas y adolescentes con fines ilícitos y criminales” finaliza el comunicado de la Cancillería.
