La Comisión Nacional para el Estudio y Acompañamiento de las Negociaciones del Anexo “C” de Itaipú convocó este martes a algunas autoridades públicas para debatir sobre la deuda ilegal de Itaipú.
Participaron de la misma Sandra Quiñónez, fiscal general del Estado, Camilo Benítez, contralor general de la República, Augusto Paiva, subcontralor y Rafael Caballero, procurador general de la República.
También participaron los fiscales Marcelo Pecci (líder del equipo), Osmar Legal, Luis Piñánez y Juan Manuel Ledesma quienes se encargan del caso. Liliana Alcaraz es la quinta fiscal del equipo, sin embargo, debido a un juicio oral no pudo participar.
GONZÁLEZ
Kattya González, diputada nacional por el PEN, señaló que se habla mucho que los casos ya prescribieron. Resaltó que el daño no solo se realizó entre 1985 y 1997. Sino que siguieron hasta hace unos años con la negativa de algunas autoridades de facilitar los documentos.
“Yo quiero traer esa posición y esa voz de muchos juristas. Que fácil que le resulta a la gente ocupar espacios de poder para luego deslindar responsabilidad”, cuestionó.
Sandra Quiñónez, fiscal general del Estado, respondió que han puesto a todo el equipo de trabajo a abocarse de lleno en esta cuestión. Resaltó que recién hace seis días iniciaron las investigaciones.
“Quiero darle total tranquilidad que la investigación será eficiente, objetiva. Los documentos irán demostrando que las causas están prescriptas”, señaló.
Marcelo Pecci, fiscal que encabeza las investigaciones, señaló por su parte que el Ministerio Público inició la causa ante la importancia social que tiene el caso.
“A partir de allí inicia en una labor técnica. Primero el examen de la deuda. Recolectamos ese informe en el día uno. Y hoy, en el día seis, estamos abocados a leer ese informe. Debe entenderse que nuestra labor es técnica. Se debe detectar hechos punibles y luego verificar con las leyes en aquellos años eventuales sanciones penales”, explicó.
CAMACHO
Norma Camacho, diputada nacional también por el PEN, resaltó el logro de Contraloría por el ya citado informe. Preguntó a la Fiscalía cuánto tiempo demorará en presentar los primeros avances.
Quiñónez respondió que solo con el avance de las investigaciones se determinará la cantidad de peritos que necesitarán. Además que están en una etapa incipiente de las investigaciones y que por ende no quieren dar falsas expectativas sobre los plazos.
“A la propia Contraloría le llevó años. No digo con eso que también tardaremos años. Ni quisiera crear falsas expectativas. Pero tenga la seguridad que todo el equipo va a hacer el trabajo que rige la república del Paraguay con la objetividad que se debe tomar”, expresó.
CONTEXTO
La Contraloría anunció la existencia de una deuda ilegal que tiene Paraguay en Itaipú de US$ US$ 4.193 millones por la aplicación de tarifa más baja de lo establecido en el acuerdo entre los años 1985 a 1997.
Esto fue anunciado durante una conferencia de prensa brindada por Camilo Benítez, contralor general, Augusto Paiva, subcontralor e Irene Cuevas, supervisora del trabajo el pasado 19 de julio.
El informe se viene elaborando desde el 2009. Tuvo su primer avance en el 2011 y un segundo en el 2012. Luego se produjo una pausa de 8 años debido a la negativa de las autoridades de Itaipú en el gobierno de Horacio Cartes (2013 al 2018) de facilitar documentos. Se pudo terminar gracias a que Ernst Bergen, ex director de la binacional, (ya durante el gobierno de Abdo Benítez) facilitó los papeles.
