En un país como el nuestro, de larga tradición fraudulenta, en los comicios, donde todavía los votos son comprados, votan algunas personas fallecidas, se pueden hacer trampas en la propia mesa, en la transmisión de los datos hasta el Tribunal Superior de Justicia Electoral, es lógico que la gente tenga muchas dudas en torno a quiénes son las máximas autoridades de este cuerpo administrativo del Estado, integrado por tres altos miembros, dos de los cuales han llegado al nivel de jubilación y deben ser sustituidos.
El Consejo de la Magistratura envía al Congreso un total de dos ternas -integrado por seis personas- de las cuales algunos afirman, se colocaron justamente dentro del mismo combo para que no pudieran ser elegidos aquellos que dieran la posibilidad de representar a todos los partidos políticos, y puedan juzgar y organizar los comicios de manera absolutamente justo y transparente.
Los miembros del Consejo de la Magistratura fueron escogidos para ese propósito, como resultado de la Constitución del 92. Quería los constituyentes que se representaran todos los intereses de los que tienen la idea de una justicia libre, autónoma y transparente. Nada de eso se ha podido lograr, y esta situación que se ha dado con el nombramiento de dos ternas no ha sido la excepción, porque incluso ha tenido que prolongarse el proceso debido a los intereses subalternos que tenían muchos de sus integrantes en el nombramiento de los integrantes de la terna.
